La elección terminó y los mercados ya emitieron su primer veredicto. La bolsa reaccionó al alza, el tipo de cambio retrocedió y las expectativas empresariales volvieron al tramo optimista. Los mercados valoran, sobre todo, la reducción de la incertidumbre. Sin embargo, la confianza es un activo perecible. Los primeros meses definirán si el nuevo gobierno transforma este optimismo en crecimiento sostenido o desperdicia una oportunidad poco frecuente.
La primera prioridad debe ser: preservar la estabilidad macroeconómica. El Perú recibe un contexto excepcional: términos de intercambio en niveles históricamente altos, inflación controlada, deuda pública baja, crecimiento cercano a 3.5% e inversión privada expandiéndose a dos dígitos. Pero la estabilidad exige disciplina fiscal, respeto a la independencia del Banco Central y predictibilidad regulatoria.
La segunda prioridad es destrabar la inversión privada. El problema no es la falta de proyectos, sino de ejecución. Solo en minería existe una cartera superior a US$64 mil millones, frenada por una burocracia que hace que los trámites ambientales demoren hasta cuatro veces más que los plazos legales. El anunciado “shock desburocratizador” será exitoso únicamente si reduce tiempos efectivos y no solo modifica normas.
La tercera prioridad debe ser: enfrentar la persistencia de la pobreza. Los distritos más pobres fueron precisamente aquellos donde Fuerza Popular obtuvo menor respaldo electoral. Es una señal de que el crecimiento de los últimos años no ha logrado seguir reduciendo la pobreza al ritmo esperado. Junto con impulsar la inversión, el Gobierno deberá fortalecer de inmediato programas focalizados como Juntos y otras redes de protección para los hogares más vulnerables, mientras las reformas comienzan a generar empleo e ingresos. Reducir la pobreza es también construir gobernabilidad.
La cuarta prioridad consiste en recuperar la capacidad de ejecución del Estado. Impulsar infraestructura mediante APP, Obras por Impuestos y mecanismos ágiles será fundamental para cerrar brechas. Pero esa capacidad será puesta a prueba desde el inicio por un fenómeno de El Niño que podría extenderse hasta 2027. La velocidad con la que el Estado prevenga, responda y reconstruya será determinante para proteger la economía y fortalecer la credibilidad del Gobierno.
Finalmente, ninguna agenda económica prosperará sin enfrentar la inseguridad. Combatir la extorsión, recuperar el control territorial y fortalecer el sistema penitenciario son condiciones indispensables para proteger la inversión y restablecer la confianza de los ciudadanos. El Perú reúne hoy condiciones económicas y políticas que no se observaban desde hace varios años. Pero las ventanas de oportunidad no permanecen abiertas indefinidamente. Convertirlas en desarrollo dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para combinar estabilidad, crecimiento, inclusión social y eficacia estatal.