Por Fuad Khoury Zarzar y Juan Carlos Cuadra Ali
Las fallas registradas en el reciente proceso electoral —mesas que no se instalaron a tiempo, retrasos en la distribución de material y la necesidad de adoptar medidas excepcionales para asegurar el voto— no pueden explicarse únicamente como problemas logísticos ni como errores atribuibles a un proveedor. Lo que revelan es algo más profundo: una debilidad en la gestión del riesgo en un servicio público esencial.
En procesos como el electoral, el margen de error es mínimo. No porque los errores no puedan ocurrir —eso sería ingenuo—, sino porque los riesgos críticos son conocidos, previsibles y gestionables. La distribución del material, la operatividad de los sistemas de apoyo y la respuesta ante contingencias no son eventos inesperados. Son escenarios que deben identificarse, evaluarse y tratarse con rigor, precisamente porque se planifican con amplia
anticipación.
Sin embargo, lo ocurrido vuelve a evidenciar una debilidad recurrente en la administración pública: la gestión del riesgo existe en el papel, pero no necesariamente en la toma de decisiones. Identificar riesgos en matrices no basta si esos riesgos no influyen en decisiones concretas: rutas alternativas, intervalos de tiempo, redundancias operativas o planes de contingencia probados.
En servicios críticos, la tercerización tampoco traslada la responsabilidad. Cuando una entidad depende de un proveedor para cumplir funciones esenciales, el riesgo sigue siendo institucional y exige selección rigurosa, supervisión efectiva y aseguramiento del servicio. Del mismo modo, la contingencia no es opcional: todo plan debe contar con un “plan B” realista y validado. La ausencia de mecanismos de respuesta oportuna amplifica el impacto de cualquier incidente.
A esto se suma otro elemento que suele subestimarse: la tecnología. Incorporar sistemas de apoyo puede mejorar la eficiencia, pero también introduce nuevos puntos de falla si no se prueban adecuadamente o si no existen alternativas manuales efectivas. La tecnología no elimina el riesgo; lo transforma.
Cuando el evento ocurre, además, la gestión de crisis pasa a ser parte de la gestión del riesgo. La comunicación institucional oportuna es clave. El silencio o la reacción tardía no solo agravan la percepción del problema, sino que pueden erosionar la confianza en la institución. Y en contextos de alta desconfianza, el impacto reputacional puede ser mayor que el propio incidente operativo.
Además, hay un factor estructural que rara vez se aborda con suficiente claridad: la estabilidad y calidad de la alta dirección. La gestión del riesgo —especialmente en servicios críticos— requiere continuidad, conocimiento acumulado y liderazgo técnico. La alta rotación de funcionarios en posiciones directivas, muchas veces asociada a dinámicas políticas, así como la designación de perfiles sin las competencias necesarias, debilitan las capacidades institucionales, interrumpen la planificación y diluyen la responsabilidad sobre decisiones clave. En ese contexto, la gestión del riesgo se vuelve reactiva.
Finalmente, más allá del análisis técnico, es importante no perder de vista el impacto en el ciudadano. Las fallas en un proceso electoral no son solo desviaciones operativas: se traducen en incertidumbre, pérdida de tiempo, frustración y, sobre todo, en una mayor desconfianza hacia las instituciones. Cuando no se logra garantizar algo tan básico como el ejercicio oportuno del derecho al voto, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un problema de legitimidad.
Este caso deja una lección que trasciende lo electoral. En la gestión pública, los problemas más críticos no suelen ser los imprevistos, sino aquellos que, siendo previsibles, no se gestionan adecuadamente. La gestión del riesgo no es un ejercicio técnico aislado; es una herramienta de gobernanza. Cuando no se utiliza como tal, las consecuencias no solo se ven en los procesos, sino en la confianza
ciudadana.
Hoy más que nunca, el desafío no es crear más instrumentos, sino hacer que funcionen en la práctica. Porque, en el Estado, los riesgos no se materializan por sorpresa, sino cuando dejamos de gestionarlos.