En política, la hiperactividad puede venderse como proactividad. Un presidente que aparece en todos lados proyecta energía, lo que pinta bien. Pero cuando esa actividad no está sostenida en una estrategia que permite dar resultados concretos en el plazo requerido, lo que aparenta dinamismo puede terminar revelando improvisación, lo que pasa factura. Y eso ya empieza a proyectar el gobierno de José Jerí y su primer ministro, Ernesto Álvarez. Desde el “play de honor” en un partido con futbolistas históricos en la misma semana en que se deja varados a 20 mil becarios, hasta la propuesta de desaparecer el INPE, parecen mostrar que hay mucho foco en hacer, hacer, y poca reflexión sobre qué hacer.
Tomemos el caso del INPE. El presidente ha decidido plantear su reorganización total, incluso su desaparición, en los escasos meses que tiene un gobierno interino. Es, simplemente, inviable. La crisis penitenciaria peruana no se resuelve con un cambio de nombre ni con una estructura administrativa distinta. Requiere infraestructura, personal capacitado, tecnología, protocolos, una nueva doctrina penitenciaria y, sobre todo, gestión y continuidad en el tiempo. ¿Cuánto tiempo podría tomar tener una primera victoria en una reforma así? Lo mejor a lo que puede aspirar este gobierno es empezar a mover algunas piezas que no podrá terminar de acomodar. En el peor, dejar un proceso a medio hacer que su sucesor tendrá que asumir o revertir. ¿Eso es una buena idea para un gobierno de transición?
Los sindicatos del INPE ya están amenazando con huelgas. En un sistema penitenciario frágil, donde la línea entre el orden y el caos es delgadísima, tensionar al personal sin contar con una hoja de ruta clara ¿no es exponerse innecesariamente? Si se opta por un cambio de esta envergadura, debería ser porque se tiene el tiempo político, el capital técnico y la legitimidad para sostenerlo en el tiempo. Esa no es la realidad de este gobierno interino. Plantear una reforma de imposible culminación, sin tener un hito inicial claro y sostenible, tiene un riesgo alto de terminar en una reforma abortada. No es física cuántica.
Otro caso grave es el de Beca 18. El Gobierno prometió 20 mil becas sin haber asegurado el presupuesto, puso a decenas de miles de jóvenes a rendir su examen de preselección y después dejó al aire la continuidad de la convocatoria. No hay forma amable de describir lo ocurrido: se arriesga a que 20 mil jóvenes —más sus familias— se sientan estafados, a pesar de su esfuerzo y mérito. Para un presidente que ha buscado proyectar una imagen fresca, cercana a la juventud, es una señal política desastrosa.
Pero más allá del cálculo político, el problema es de fondo. Como me hizo ver Carmen McEvoy en una conversación, una de las claves del análisis histórico es identificar cuáles son las vías reales de ascenso social en una sociedad y momento determinados. Eso hace que mucha gente opte por esas vías, para construirse un mejor futuro. Hoy, duele admitirlo, pero entre esas vías están las economías ilegales y la corrupción desde distintos niveles del Estado. En zonas del país, la minería ilegal, el narcotráfico o la extorsión ofrecen ingresos y movilidad que la institucionalidad no ha sabido igualar. Al mismo tiempo, la corrupción estatal funciona como un sistema paralelo de oportunidades para algunos. Frente a ese panorama, fortalecer las rutas legales de ascenso no es solo una cuestión educativa: es un componente esencial para fortalecer instituciones.
Beca 18 es una de esas rutas. No basta con luchar contra el crimen organizado y las economías ilegales; se necesita construir alternativas reales y visibles para millones de jóvenes que hoy no ven futuro claro. Si la puerta se cierra de golpe a quienes hicieron todo lo que se les pidió —estudiar, competir, aprobar exámenes— el mensaje es devastador. No hay nada más desmoralizador que decirle a un joven que el mérito no sirve y que las promesas del Estado son papel triturado. Para llegar a la meta no solo se necesita correr.
P.D. Si un golpe requiere un alzamiento en armas ¿solo se castiga cuando se pueda deponer al dictador?