A Petroperú se le perdona todo porque se argumenta que, salvo Lima, el resto del Perú y especialmente la Amazonía, enfrentaría problemas de abastecimiento de combustibles. Además, se dice que sirve como una suerte de moderador de los precios. Sin Petroperú, el precio de los combustibles se iría a las nubes.
Lo cierto es que, según sus memorias anuales, en la última década la empresa redujo su participación de mercado a la mitad, de alrededor del 50% al 25%. Además, a 2026 sus estaciones de servicio —propias o abanderadas— representaban apenas el 18% del total nacional. ¿Hemos visto desabastecimiento en el país o una inflación regional a causa de ello? Más bien las regiones han incrementado su consumo total de combustibles en ese tiempo y el número de estaciones se ha multiplicado en varias de estas. Para profundizar este análisis, es necesario contar con información desagregada sobre las ventas de combustibles por empresa y región. Osinergmin debería publicarla.
Además, hay un aspecto crítico que Proinversión, encargada de la reestructuración de Petroperú, debería transparentar. Dado que el precio de venta es clave en la participación de mercado, es necesario determinar si la política de precios de combustibles de Petroperú refleja ventajas competitivas genuinas o si depende de todos los mecanismos de respaldo estatal recibidos. Si una parte relevante de su estrategia comercial depende de los rescates del Estado, ello constituiría una forma de subsidio implícito financiado por los contribuyentes.
¿Cómo así? Una empresa privada que quiere acrecentar su cuota de mercado puede usar como estrategia una política agresiva de precios bajos, pero esta tendría límites. Esos límites no existen para Petroperú si la empresa cuenta con respaldo financiero recurrente del Estado. Un primer indicio de que ello ocurre es que la empresa estatal registra márgenes operativos negativos en los últimos cuatro años. Sin embargo, haría falta ver el margen del negocio de comercialización en específico para confirmarlo. Proinversión debería publicar esa información.
Se puede formular el mismo cuestionamiento respecto de la condición de Petroperú como agente relevante en la venta de combustibles en la Amazonía y el resto del Perú. Esta requiere de un análisis profundo de su estructura de costos y sobre su sostenibilidad financiera. En el caso de la Amazonía, además existen incentivos tributarios a la venta de combustibles (exoneración del IGV e ISC) para las empresas comercializadoras domiciliadas, lo que supondría también un trato tributario diferenciado que debe ser considerado en el referido análisis.
Transparentar estos aspectos permitirá también determinar cuál ha sido y debería ser el rol de Petroperú. ¿Debe Petroperú llevar combustible donde el privado no llega o se deberían de dar más bien condiciones para que el privado llegue? ¿Debe Petroperú competir en el mercado así se comprobase que su estrategia comercial depende de respaldos estatales?
Mientras esta información no sea transparente, no dejarán de ser mitos las afirmaciones recurrentes sobre el papel de Petroperú en la moderación de precios y el abastecimiento nacional. No se les puede verificar empíricamente. Si la política pública que se quiere es subsidiar el abastecimiento de combustibles en determinadas zonas del país donde el privado no llega, dicho apoyo debería ser explícito, transparente y focalizado. De lo contrario, se distorsiona la competencia, se desplaza a la inversión privada y se generan costos fiscales cuya magnitud y beneficiarios reales permanecen poco claros.