La semana pasada celebramos el aniversario de la empresa agrícola que fundamos 25 años atrás. Lo hicimos en la Cámara de Comercio de Lambayeque, región que nos acogió y entidad a la que orgullosamente pertenecemos. Nos acompañaron las autoridades regionales donde generamos mayor impacto.
Al repasar este cuarto de siglo recordamos errores y aciertos, fenómenos climáticos adversos, inseguridades jurídicas y contingencias que amenazaron la continuidad de nuestra empresa.
Hoy unas 15,000 familias dependen de Cerro Prieto y Cerro Prieto depende de sus colaboradores. Esa relación simbiótica exige respeto mutuo, espacios de diálogo, cumplimiento de compromisos, capacitación continua y mecanismos que premien la eficiencia.
La agroexportación es la actividad que mayor impacto social genera en la costa peruana: crea empleo formal donde antes había subempleo y dinamiza la economía rural. Pero su continuidad no está garantizada. Para mantener la competitividad, necesitamos reinventarnos constantemente, accediendo a genética de última generación e incorporando nuevas tecnologías, lo cual requiere de inversiones de capital de manera constante, cuya sostenibilidad depende de generar y reinvertir utilidades, asumiendo riesgos que exceden los ciclos políticos.
La remuneración del trabajador formal del agro peruano incorpora sobrecostos no vinculados a la productividad, que representan entre el 40% y el 70% de los costos de operación. Esta distorsión merma significativamente la capacidad de reinversión de la empresa y de no corregirla, conducirá a una muerte lenta del sector. La solución ineludible es incrementar la productividad del trabajador.
El trabajador productivo es clave para la competitividad de la empresa y a la vez, el principal beneficiario de ese esfuerzo mediante mejores ingresos y oportunidades de desarrollo. La empresa que no cuente con una estrategia de capacitación y retención de sus trabajadores estará en una posición vulnerable.
Así, se activa el gran círculo virtuoso de la economía rural: Acceso a mercados con productos de alto valor, empresas que arriesgan y reinvierten, trabajadores que se capacitan y mejoran, familias que progresan y comunidades que se integran. Defender ese círculo virtuoso —con reglas claras, estabilidad jurídica y eliminación de sobrecostos a la inversión y a la capacitación— no es un interés corporativo, es una política de desarrollo rural.