El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se ha consolidado como una de las principales herramientas impulsadas por Proinversión para acelerar la ejecución de infraestructura pública con participación del sector privado. Sin embargo, el Consejo Fiscal (CF) advirtió que el fuerte crecimiento registrado en los últimos años hace necesario evaluar su impacto sobre las finanzas de los gobiernos regionales y municipales.
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Si bien el colegiado reconoció el aporte del mecanismo para impulsar la inversión pública, sostuvo que su expansión también debe analizarse por los compromisos fiscales que genera para las entidades subnacionales y para el conjunto del sector público.
La advertencia surge luego de que la capacidad de los gobiernos subnacionales para ejecutar Obras por Impuestos aumentara de S/15,000 millones en 2022 a S/67,000 millones en 2025. En ese mismo período, las adjudicaciones anuales crecieron de S/405 millones a S/4,700 millones.
Según la entidad, ese incremento responde, entre otros factores, a los cambios introducidos a la Ley de Obras por Impuestos a fines de 2025, que elevó el límite que el MEF calcula cada año para determinar cuánto puede comprometer cada gobierno regional y municipal bajo este mecanismo.
"El CF advierte que la reciente y significativa expansión del mecanismo de OxI debe evaluarse no solo por su potencial para acelerar la inversión pública, sino también por sus implicancias fiscales tanto a nivel individual de cada gobierno regional o local involucrado, como a nivel agregado del Sector Público No Financiero", señaló el CF en su informe.
El organismo explicó que cada proyecto adjudicado mediante OxI compromete recursos tributarios que deberán destinarse en los próximos años al pago de las inversiones ejecutadas por las empresas privadas.
Por ello, consideró que el crecimiento del mecanismo debe guardar relación con la capacidad financiera de cada entidad y con la prioridad de los proyectos.
Cuestionamientos
El colegiado cuestionó una de las modificaciones incorporadas a la ley, que hasta 2027 permite calcular el nuevo límite de inversión utilizando el mayor, y no el menor, de dos indicadores financieros.
"Este cambio aumenta el riesgo de que algunos gobiernos subnacionales asuman compromisos superiores a su capacidad de financiamiento y, eventualmente, incumplan las reglas fiscales", advierte el Consejo Fiscal.
Asimismo, el organismo recomendó revisar otros cambios recientes, como la ampliación de los tributos contra los cuales pueden aplicarse los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) y la posibilidad de transferir esos certificados a terceros.
Si bien reconoció que estas medidas pueden incentivar la participación privada, pidió evaluar sus efectos sobre la recaudación y sobre la disponibilidad de recursos para financiar otras prioridades del Estado.
El exviceministro de Economía Carlos Casas coincidió con esa preocupación. Señaló que Obras por Impuestos es un mecanismo valioso para acelerar inversiones, pero sostuvo que su crecimiento debe responder a una adecuada priorización de proyectos y a la disponibilidad real de recursos fiscales.
A su juicio, comprometer cada vez más ingresos futuros mediante este esquema puede reducir el margen de acción de las siguientes administraciones para financiar nuevas inversiones o atender otros servicios públicos.
Por ello, consideró que el crecimiento de Obras por Impuestos debe ir acompañado de una evaluación permanente de sus efectos sobre las finanzas de los gobiernos subnacionales y sobre la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
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