Los resultados de la edición de julio de la encuesta “Los principales economistas opinan”, elaborada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), muestran que la seguridad ciudadana y las medidas frente a El Niño encabezan las principales expectativas de los especialistas para el mensaje a la nación del 28 de julio.
Excepciones a las reglas fiscales permitieron una deuda que compromete futuras gestiones.
En particular, el 91% consideró que el gobierno debería anunciar medidas concretas contra la inseguridad ciudadana y las economías ilegales. Le siguieron las acciones para enfrentar los efectos de El Niño, mencionadas por el 85% de los encuestados.
Ambos temas concentraron un respaldo ampliamente superior al registrado por el destrabe de proyectos de inversión privada (51%) y la sostenibilidad de las finanzas públicas (32%).
Los resultados sugieren que, para los especialistas, el próximo gobierno debería priorizar la atención de los problemas más urgentes antes que anunciar reformas cuyos resultados se observarían en un horizonte más largo.
“Organizar una respuesta efectiva antes del inicio de la temporada de lluvias dependerá de la capacidad de coordinación de los tres niveles de gobierno, bajo el liderazgo del nuevo Ejecutivo”, indicó Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE.
La encuesta fue realizada por el IPE entre el 20 y el 23 de julio sobre una muestra de 88 economistas.
Sin preparación
La preocupación por El Niño también refleja una evaluación crítica sobre la preparación del país para enfrentar un eventual fenómeno de gran magnitud.
El 94% de los economistas consideró que el gobierno saliente no adoptó las medidas necesarias de prevención y el 84% estimó que el cambio de autoridades nacionales y subnacionales dejará poco tiempo para organizar la respuesta institucional.
Además, seis de cada diez creen que la forma en que se gestione esta emergencia influirá en el nivel de aprobación del nuevo gobierno. Así, para los especialistas, este será uno de los primeros desafíos que pondrán a prueba a la nueva administración.
Ese sentido de urgencia también se traslada a un eventual pedido de facultades legislativas. El 84% opinó que el Congreso debería delegarlas para fortalecer la lucha contra las economías ilegales y el 69% para simplificar los procedimientos y acelerar el destrabe de proyectos de inversión.
Bastante más atrás aparecen la reorganización de Petroperú y la modernización del sector hidrocarburos (38%), así como las reformas laboral y tributaria (32%). Es decir, para los especialistas, las primeras herramientas del nuevo gobierno deberían concentrarse en atender los problemas más inmediatos.
No confían en austeridad del parlamento
La encuesta también revela que las preocupaciones de los economistas no terminan en la coyuntura. Dos de cada tres consideran probable que el Congreso interprete la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de forma que le permita seguir presentando algunas iniciativas con impacto presupuestal.
En contraste, solo el 27% cree probable que el Parlamento deje de impulsar este tipo de proyectos. El resultado refleja que los especialistas esperan que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia fiscal continúen durante el próximo quinquenio.
De otro lado, más allá de las urgencias del inicio del mandato, la principal reforma estructural pendiente continúa siendo el sistema de salud y aseguramiento. El 61% de los economistas la ubicó como la prioridad de largo plazo, seguida por la descentralización (47%), la reforma educativa (44%) y la laboral (43%).
En el otro extremo, la reforma del sistema de pensiones obtuvo apenas el 5% de las menciones. Los resultados muestran que, una vez superados los desafíos inmediatos, los especialistas esperan que el próximo gobierno concentre sus esfuerzos en fortalecer las capacidades del Estado y la provisión de servicios públicos.
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