El Consejo Fiscal (CF) reafirmó su preocupación por el elevado endeudamiento asumido por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), al advertir que compromete una parte importante de los recursos de las siguientes administraciones municipales. La deuda total de la entidad llegó a S/5,045 millones al cierre de 2025, equivalente a 3.5 veces el promedio de sus ingresos corrientes de los últimos cuatro años.
Esta situación podría traducirse en una pérdida de competitividad frente a países que cuentan con mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense, advirtió la CCL.
Según el colegiado, este nivel de endeudamiento es consecuencia del programa de emisión de bonos por S/4,000 millones ejecutado durante la gestión de Rafael López Aliaga, hoy candidato a teniente alcalde.
Las advertencias del CF no son nuevas. Se remontan a 2024. Sin embargo, determinadas excepciones incorporadas en las reglas fiscales, junto con decisiones políticas posteriores, terminaron permitiendo que la MML eludiera restricciones diseñadas para evitar el sobreendeudamiento.
Como resultado, la municipalidad mantiene una deuda que supera su capacidad de generación de ingresos propios. Una parte significativa de sus ingresos futuros deberá destinarse al servicio de esa deuda. Como esos recursos hoy financian gastos corrientes y de capital, las futuras administraciones tendrán un menor margen para sostener servicios e infraestructura para los limeños.
El CF advirtió, además, que el programa de bonos ya está generando un costo financiero por la lenta ejecución de los proyectos previstos. En 2025, la MML pagó S/276 millones por intereses de la deuda, pero solo obtuvo S/124 millones por los recursos aún depositados, lo que implicó un costo financiero neto de S/152 millones. El colegiado atribuyó este resultado a la emisión de deuda sin contar con una cartera de proyectos suficientemente preparada para ejecutar esos recursos.
“Cuando el servicio de la deuda (cuota a pagar) empiece a incluir la amortización del principal (pago del capital), entre 2028 y 2035, este superaría los S/500 millones anuales, monto superior al gasto total promedio en inversión pública de la MML”, advirtió el Consejo Fiscal.
Además, a las crecientes obligaciones por el servicio de la deuda se suma la exposición de la Municipalidad Metropolitana de Lima a pasivos firmes y contingentes derivados de sentencias judiciales y laudos arbitrales.
Según el Consejo Fiscal, los pasivos firmes ascienden a S/261 millones y corresponden a procesos que ya tienen calidad de cosa juzgada, mientras que las demandas judiciales y los procesos arbitrales registrados como pasivos contingentes suman S/4,907 millones. Entre estos últimos destacan los procesos con Rutas de Lima, que alcanzan S/1,431 millones.
Ante esta exposición, el colegiado consideró necesario que la MML, con participación del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de sus competencias, transparente la evolución y el tratamiento contable de ambos tipos de pasivos, así como su posible efecto sobre la capacidad financiera de la comuna para atender esas obligaciones.
El meollo del problema
Uno de los cambios más relevantes en las reglas fiscales para los gobiernos subnacionales ocurrió en 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se exceptuó de los límites de endeudamiento y ahorro a municipios y gobiernos regionales con una calificación crediticia igual o superior a BBB+.
Uno de esos límites establece que la deuda total no puede superar el promedio de los ingresos corrientes de los últimos cuatro años. Aunque antes de que López Aliaga asumiera la alcaldía, en enero de 2023, la MML ya excedía ese tope, la excepción permitió ejecutar el programa de emisión de bonos.
Pero esa no fue la única decisión que agravó la situación. El 22 de febrero de 2024, el entonces ministro de Economía, José Arista, publicó un decreto de urgencia que suspendía esa excepción. Una semana después, la gestión de López Aliaga impulsó una ordenanza que hizo prevalecer la autonomía económica de la comuna para continuar con la operación de financiamiento.
Tres semanas más tarde, el Gobierno dejó sin efecto esa suspensión. Posteriormente, y tras las reiteradas advertencias del Consejo Fiscal sobre el sobreendeudamiento de la MML, Dina Boluarte decidió no ratificar al entonces presidente del colegiado, el fallecido economista Carlos Oliva.
Para el exviceministro de Economía Carlos Casas, el caso de la MML evidencia cómo la injerencia política puede debilitar la disciplina fiscal. Además, sostuvo que el municipio se endeudó sin contar con una cartera de proyectos suficientemente madura, lo que explica el elevado costo financiero derivado de mantener recursos sin ejecutar. Incluso advirtió que la MML podría terminar “convirtiéndose en otro Petroperú, porque al final va a necesitar un rescate. Lima es la principal ciudad del país y no la van a dejar quebrar”.
El exministro de Economía Alfredo Thorne sostuvo que la excepción aprobada en 2016 buscaba facilitar el acceso al mercado de capitales de los gobiernos subnacionales con mayor solidez financiera. Sin embargo, consideró que el caso de Lima demuestra la necesidad de reforzar los controles sin eliminar ese mecanismo.
Por ello, propuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apruebe las emisiones internacionales de deuda de los gobiernos subnacionales y que estas sean evaluadas por clasificadoras internacionales, al advertir que un sobreendeudamiento como el de la MML puede afectar incluso la capacidad de endeudamiento del Estado.
Casas, por su parte, planteó reemplazar el esquema actual por un sistema que evalúe la capacidad real de endeudamiento de cada gobierno subnacional mediante indicadores objetivos, en lugar de excepciones generales. Añadió que esta reforma debería formar parte de una “descentralización 2.0”, con mayores mecanismos de supervisión y responsabilidad fiscal para gobiernos regionales y municipales.
Bonos a la espera de proyectos
Asimismo, el CF advirtió que una parte importante de los proyectos que debían financiarse con los bonos emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima registra retrasos debido, entre otros factores, a la falta de expedientes técnicos concluidos.
Esta situación ha impedido ejecutar oportunamente los recursos obtenidos mediante endeudamiento y ha elevado el costo financiero de la operación.
Para el exviceministro de Economía Carlos Casas, el problema no terminará con el cambio de autoridades municipales. "El nuevo alcalde va a tener que buscarle un fin a esos recursos", afirmó, en referencia a los fondos obtenidos mediante la emisión de bonos que permanecen sin ejecutarse.
Explicó que la siguiente gestión deberá revisar qué proyectos pueden financiarse con ese dinero y desarrollar los expedientes técnicos necesarios, un proceso que demandará tiempo y retrasará aún más la ejecución de las inversiones.
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