La delicada situación de Petroperú obedece no solo a decisiones ideológicas de izquierda que se tomaron en el pasado para sacar adelante la Nueva Refinería de Talara (NRT), sino también a la complicidad de la actual administración de la empresa, de los ministerios de Economía y Finanzas y Energía y Minas (sus accionistas), así como a la pasividad del Congreso, que ha renunciado a ejercer control político.
Carla Temoche, Head de Retail Banking de Scotiabank Perú, afirma que no se trata de un dinero extra para gastar rápidamente.
Alejandro Narváez, el elegido por la presidenta Dina Boluarte para presidir Petroperú, mintió sobre que no iba a pedir salvataje para la petrolera, porque sí lo hizo. Lo peor es que recibió el visto bueno de los exministros Rómulo Mucho y José Arista, quienes hasta el último momento estuvieron dispuestos a pagar el precio de la ‘circulina’, algo a lo que también están dispuestos los actuales ministros Raúl Pérez Reyes y Jorge Montero.
“No hemos pedido ningún salvataje financiero. No hay ninguna declaración mía, ni pensamos hacerlo”, sostuvo Narváez el 30 de abril pasado a la prensa.
“Esta (Petroperú) es una empresa que genera su propio ingreso y de ese ingreso gasta y genera un excedente al Estado. Eso debe quedar claro. No vaya a haber alguien que todavía piense que Petroperú está dentro del presupuesto nacional; para nada. No recibe un solo sol del Estado”, agregó Narváez.
Sin embargo, la ampliación de los plazos de las deudas que Petroperú mantiene con el fisco, así como la decisión del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, de que el Gobierno respalde financieramente nuevos compromisos de la petrolera para pagar sus obligaciones y acceder a capital de trabajo, demuestran lo contrario.
“Todos conocemos los múltiples errores de Narváez desde que está de presidente en Petroperú. Eso que dijo (de no pedir salvatajes) no es cierto. (Él) Se caracteriza por hacer declaraciones que prueban ser no ciertas”, dijo Carlos Paredes, expresidente de Petroperú. “No sé si ha mentido o su desconocimiento es tan grande que ha dicho algo que no se está cumpliendo en la realidad. Mi impresión es que no conoce lo que está hablando”, agregó Paredes.
Un decreto de urgencia inconstitucional
El Banco de la Nación, la entidad que el MEF usa para maquillar el déficit fiscal y financiar el despilfarro de Petroperú, y que ahora congresistas quieren usar para comprar oro a informales, informó la semana pasada que acordó dar cumplimiento (como si pudiera negarse) a la ampliación del plazo de la garantía del Gobierno Nacional hasta el 31 de diciembre de 2028, correspondiente al préstamo de US$1,000 millones otorgado a Petroperú. También anunció la reprogramación de dicha operación crediticia hasta la misma fecha.
Dicho financiamiento fue aprobado mediante un decreto de urgencia que, según los constitucionalistas Enrique Ghersi y Aníbal Quiroga, contraviene la Constitución y evidencia además la incapacidad de la petrolera para operar.
El 13 de septiembre del 2024, Boluarte, junto a los exministros Adrianzén, Arista y Mucho, firmó el Decreto de Urgencia 013-2024, mediante el cual se aprobó la operación en mención a favor de Petroperú, que en principio era de “corto plazo”. Se dispuso que tanto la garantía como el préstamo de US$1,000 millones no excedieran el plazo de un año. La medida se justificó señalando que, durante la puesta en marcha de la NRT, se presentaron fallas “imprevistas” en las unidades de Flexicoking y Craqueo Catalítico, lo que afectó el flujo operativo de la empresa.
Sin embargo, tres meses después, y pese a las declaraciones del expremier Adrianzén de que la refinería se encontraba en proceso de estabilización, el 11 de diciembre del mismo año, a través de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 2025, se amplió el plazo de la operación hasta por 4 años (diciembre de 2028), disposición que el Banco de la Nación acaba de informar que acatará. Ampliación que además contradice a Narváez, quien decía que no iba a pedir salvatajes, pero se lo siguen dando.
“Esto muestra la incapacidad de pago de Petroperú en el corto plazo”, sostuvo Paredes.
“Aquí hay complicidad de los accionistas: el Ministerio de Energía y Minas y el MEF. ¿Cómo es posible que de pronto se produzca este salvataje, cuando en declaraciones previas los accionistas y la empresa aseguraban que todo iba de maravillas? Aquí hay complicidad, claramente”, manifestó el exministro David Tuesta, quien también fue director de Petroperú durante la presidencia de Oliver Stark.
“No hay que olvidar que este directorio (presidido por Narváez) lo seleccionó directamente la presidenta. Es su directorio. Cuando el directorio anterior (de Stark) le dijo cómo se tendrían que hacer las cosas, no le dio la gana. Por esto, el directorio tuvo que renunciar, para que ella ponga a sus amigos”, comentó.
Desde el punto de vista jurídico, los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del decreto de urgencia son contundentes. Para Ghersi, el Ejecutivo incurrió en una violación constitucional al emitir un decreto de urgencia que no cumple con los criterios de excepcionalidad. Señaló que en una obra de ingeniería como la NRT, la afectación del suministro de algún tipo de combustible o de una unidad determinada, en el tiempo, es previsible. “Es un tema de ingeniería, es perfectamente previsible”, dijo.
Sostuvo que, si la obra se hizo mal, la solución no pasa por un decreto de urgencia, sino por una norma legislativa. “Un decreto de urgencia es para otra cosa. Por ejemplo, para un terremoto, para el COVID. Eso es un imprevisto”, precisó. Por ende, sostuvo que la prórroga del financiamiento también es inconstitucional. “¿Una ley puede prolongar un plazo establecido por un decreto de urgencia? Si el decreto de urgencia es constitucional, sí. Si el decreto de urgencia no es constitucional ya no se podría prolongar el plazo, una ley tendría que crear un nuevo plazo”, indicó.
Para Quiroga si el plazo de un decreto de urgencia se extiende por tres años, implica que los motivos dejaron de ser urgentes. Explicó que estaríamos ante una necesidad de mediano plazo, cuya atención le corresponde al Congreso. “Por ello, la norma decretada es inconstitucional: se está invadiendo los fueros del Congreso y, por otro lado, el Congreso no está ejerciendo el control que le corresponde”, manifestó.
Gestión negligente
Además de los problemas legales se suman las deficiencias técnicas al interior de la petrolera. Una carta enviada a Alejandro Narváez por ExxonMobil (proveedor que construyó la NRT), a fines de febrero de este año, cuestionó duramente la gestión de la Unidad de Flexicoking por parte del equipo de Petroperú. La falla en dicha unidad fue, precisamente, la causa directa del deterioro de los ingresos de la empresa que desembocó en el cuestionado endeudamiento.
Según la carta, Petroperú ignoró las recomendaciones técnicas de ExxonMobil, puso en marcha la unidad en condiciones inapropiadas y terminó dañándola más.
“Durante nuestra teleconferencia del 11 de febrero (de 2025), entendimos que el equipo de Petroperú ya ha instalado un bypass temporal para el distribuidor de alimentación del depurador sin notificar a ExxonMobil, y se nos solicitó respaldar dicho bypass”, detalló ExxonMobil en su carta.
“Cabe señalar que el uso del bypass mencionado sin validar el soporte mecánico ni la expansión térmica representa un riesgo considerable y podría provocar fugas de hidrocarburos a temperaturas superiores al punto de autoignición, con el consiguiente riesgo de incidentes o accidentes. ExxonMobil no puede respaldar ninguna modificación o diseño que no esté incluido en la Especificación de Diseño Básico (Basic Design Specification)”, concluyó tajantemente.
Meses después, en abril pasado, tanto Narváez como Oscar Vera, el gerente general de la estatal, indicaron que la NRT opera en forma normal desde principios de este año.
“Hemos conseguido estabilizar la Refinería de Talara. Desde enero hemos hecho funcionar la Refinería de Talara en una situación absolutamente normal. Ahora mismo están operando todas sus unidades sin ningún problema”, afirmó Narváez.
“Siempre esta pregunta (sobre la operatividad de Talara) es recurrente en los medios, y me llama la atención, porque muchas veces hemos invitado a periodistas, entidades y autoridades, quienes han comprobado que todas las unidades están operativas en Talara. Vuelvo a decirles: las unidades en Talara, Iquitos y Conchán, todas están funcionando”, insistió Vera.
Frente a estas afirmaciones, surge una pregunta ineludible: si el decreto de urgencia que permitió el endeudamiento respondía a problemas operativos en la NRT y ahora todas sus unidades funcionan con normalidad, ¿se justifica realmente prorrogar el plazo del financiamiento hasta 2028?
Para Tuesta, la irresponsabilidad como se viene gestionando Petroperú hace prever que los US$1,300 millones que la petrolera aún debe al Estado se manejarán con reprogramaciones similares a la reciente ampliación del pago de US$1,000 millones hasta 2028.
“Lo que están haciendo es simplemente reprogramar los pagos. Yo te daba créditos a un año y, desde el Tesoro, reconocemos que no vas a poder pagar en las condiciones actuales. Entonces, dada la forma en que estás operando y gestionándote, te doy un plazo más largo, esta vez hasta 2028, para que pagues. Y todo indica que eso mismo se aplicará al resto de las deudas”, criticó.
Tuesta alertó que también se recurriría a nueva deuda con garantía del Tesoro para cubrir los compromisos con acreedores privados, que superan los US$4,700 millones. En su opinión, se continúa inyectando recursos sin una reestructuración operativa real. “Se le está dando plata sin hacer ningún cambio profundo”, señaló.
En ese contexto, cuestionó el alto costo que esto representa para los ciudadanos. No porque los combustibles de Petroperú sean necesariamente los más caros en los grifos, sino porque el verdadero precio del petróleo para los peruanos vía impuestos, deuda y sucesivos salvatajes es, en términos reales, el más alto del planeta. “De esta manera, en el Perú pagamos por el petróleo más caro del mundo”, sentenció.
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