En una reciente entrevista, la electa presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que se enfocará en “quitar” las trabas burocráticas que afectan el desarrollo de la pequeña y microempresa (mype). “Hemos hecho una serie de planteamientos para agilizar la creación de pequeñas empresas para que con una sola declaración jurada puedan abrir. En los tres primeros años, a las mypes no se les va a cobrar impuestos, porque el Estado tiene que acompañarlas en este proceso. Tenemos muchas esperanzas en nuestro plan de gobierno”, anotó.
La petrolera tuvo que reconocer que la pérdida reportada el año pasado de US$468 millones debió ser US$601 millones, tras la auditoría. PwC advirtió que incluso la pérdida podría ser aún mayor.
El programa de Fuerza Popular, agrupación que representa la mandataria, cuenta con todo un capítulo para impulsar a las mypes y su formalización. Entre ellas: programas de apoyo empresarial, ventanilla única digital: Sunat-Sunarp-Indecopi, beneficios tributarios, programa de créditos para las mype, crédito tributario por contratación de practicantes, presupuesto para compras Myperú, mype digital y parques industriales.
No obstante, no toma en cuenta los problemas institucionales que obstaculizan el desarrollo del sector. El gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, describió esta problemática al señalar que buena parte de la informalidad y enanismo empresarial de nuestro país está asociada a las reglas de juego que determinan el comportamiento empresarial, con lo cual tratar de resolver los problemas flexibilizando un aspecto como los impuestos “es, sin duda, una mirada parcial”.
Para Fuentes, el éxito de los tres años de exoneración no depende del beneficio en sí, sino de la capacidad del Estado para simplificar el sistema tributario. Sin esa reforma institucional, la recaudación esperada de las nuevas empresas será mínima.
“Uno esperaría que se creen muchas mypes escindiéndose de las actuales empresas y luego de tres años se repita la misma figura porque varias van a querer seguir aprovechando el beneficio. La presidenta ya no está en campaña; por lo tanto, debe pasar a un plan de acción de verdad”, dijo.
El problema de la descentralización
Según los premios nobel de economía Daron Acemoglu y James Robinson, que un país sea más próspero que otro depende de los incentivos que moldean sus instituciones para que las personas decidan ahorrar, invertir o formalizarse.
En nuestro país, la discrecionalidad que cada municipalidad tiene para aprobar reglas que permitan la creación y formalización de empresas impide el desarrollo de estas; una traba institucional asociada a una descentralización que urge corregir.
Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra, señaló que tuvo que aprobarse la llamada “ley Nano” —en referencia al fallecido parlamentario Nano Guerra García— para que las municipalidades no apliquen multas y clausuren a la vez.
“Antes, si una municipalidad simplemente no simpatizaba contigo, te clausuraba el negocio y encima te ponía una multa. Eso terminaba quebrando a la empresa. Si cierras, ¿cómo pagas la multa?”, explicó.
Tanto Saldaña como Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas, sostuvieron que no hay derecho para que cada municipalidad exija un requisito distinto para que una empresa pueda operar, por lo que demandaron una estandarización de las normas municipalidades a la inversión y que forman parte de la ventanilla única propuesta por la presidenta.
Fuentes, del IPE, propone trabajar con las primeras cincuenta municipalidades y estandarizar los requisitos y procedimientos para los negocios, con el propósito de reducir la discrecionalidad y la corrupción.
Essalud y la rigidez de las normas laborales
Otro aspecto que no se debe pasar por alto es la reforma que necesita Essalud. Fuentes manifestó que este sistema representa uno de los costos de la formalidad; por lo tanto, los beneficios derivados de aportar deberían ser proporcionales al gasto, algo que hoy no ocurre.
Lejos de ser un incentivo para la formalidad, los problemas de mala atención, las largas colas y los extensos tiempos de espera desincentivan a los trabajadores a querer estar en planilla. Según Fuentes, para muchos, el ingreso a la formalidad incluso representa el riesgo de perder el acceso al SIS sin recibir una contraprestación eficiente a cambio.
Otra problemática en que coincidieron los entrevistados que se debe abordar son los costos laborales y la alta fiscalización laboral. La evidencia demuestra que una legislación laboral rígida, lejos de proteger al trabajador, genera un efecto desprotector masivo que asfixia el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mypes).
De acuerdo con las investigaciones del economista Miguel Jaramillo Baanante, investigador principal de GRADE, la sobrerregulación y los elevados costos no salariales actúan como una barrera de salida hacia la informalidad, dado que los pequeños negocios no cuentan con la productividad suficiente para absorber estas cargas asociadas a vivir en la formalidad.
Al encarecerse de forma extrema la contratación indefinida y el cese laboral, el sistema incentiva una "epidemia" de temporalidad en el segmento formal, donde el 80% de la población económicamente activa asalariada opera bajo contratos a plazo fijo, precarizando el empleo y desincentivando la inversión empresarial en la capacitación del personal.
El contrabando y otros problemas
Hermoza y Saldaña concuerdan en que otro aspecto a combatir es el contrabando, ya que constituye una competencia desleal que perjudica a miles de mypes formales.
Además, los especialistas sostuvieron que la formalización solo será sostenible en un contexto de mayor crecimiento económico y estabilidad jurídica.
El consenso entre los especialistas es que la formalización no depende de una sola medida. La permanencia de las mypes en la formalidad estará determinada por factores más profundos, como la calidad de las instituciones, la estabilidad de las reglas de juego y la capacidad del Estado para ofrecer servicios que hagan atractiva la formalización.
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