Empresarios, legisladores y exfuncionarios de Estados Unidos están presionando a la Corte Suprema para que limite el poder del expresidente Donald Trump de imponer aranceles mediante la declaración de emergencias nacionales, según informó el diario británico Financial Times.
Proyecto se encuentra en elaboración y priorizará el gasto en iniciativas de impacto tangible.
La audiencia, considerada una de las más importantes del año por su potencial impacto económico, se realizará esta semana. En ella, los magistrados analizarán si Trump actuó dentro de sus facultades al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para aplicar aranceles generalizados a casi todos los socios comerciales de EE.UU.
Alrededor de 40 informes legales presentados por entidades como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, exfuncionarios de seguridad nacional y centros de estudios como los institutos Cato y Goldwater cuestionan la legalidad y el impacto económico de la medida. Los críticos sostienen que la incertidumbre generada por los aranceles ha afectado la inversión privada, ha elevado los costos para las familias y no ha logrado recuperar empleos manufactureros.
En defensa del expresidente, sus abogados alegan que eliminar la autoridad presidencial para imponer aranceles “empujaría a Estados Unidos al borde de una catástrofe económica”. Trump, quien no asistirá a la audiencia, calificó el caso como “uno de los más importantes en la historia del país” y defendió su política comercial como esencial para proteger la economía estadounidense.
La disputa también podría definir el destino de más de 50,000 millones de dólares en ingresos adicionales generados por los aranceles en 2025, recursos que han ayudado a aliviar las preocupaciones sobre los niveles de deuda del país. Sin embargo, dos tribunales inferiores ya habían determinado que el presidente no posee la autoridad para imponer aranceles con base en la legislación de emergencia.
Expertos en derecho y exfuncionarios de distintas administraciones coinciden en que el fallo podría sentar un precedente constitucional clave sobre la división de poderes entre el Congreso y la Casa Blanca en materia de política comercial.
Mientras tanto, analistas advierten que, incluso si la Corte Suprema limita el uso de poderes de emergencia, el expresidente podría recurrir a otras herramientas legales para mantener su estrategia arancelaria.
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