A las puertas de un nuevo rescate a Petroperú, empresa a la que ya se le han desembolsado más de S/25,000 millones sin lograr revertir su crisis, la Comisión de Energía y Minas del Congreso apunta a derogar la reforma que busca reestructurar a la petrolera.
Bajo dicho propósito establecerán mecanismos de coordinación e intercambio de información oportuna entre ambas instituciones.
Para ello, el grupo parlamentario cuenta con un predictamen que propone la eliminación de la reestructuración planteada por el decreto de urgencia (DU 010-2025) aprobado en diciembre del año pasado, y que actualmente se encuentra en marcha.
En el colmo de todo, el documento de la referida comisión parlamentaria también autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) que realice transferencias financieras hasta por S/240 millones, a favor de la compañía pública.
Según se señala en el documento, este monto es para garantizar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos “que permitan el desarrollo de las actividades económicas vinculadas al transporte, distribución, suministros y comercialización de combustibles”.
Dicho monto, que no tiene sustento técnico, sería para prevenir riesgos de desabastecimiento en los departamentos donde Petroperú es el principal proveedor.
En una de las disposiciones complementarias también se establece que son nulos los actos administrativos de personal, los convenios y demás instrumentos jurídicos suscritos en el marco del DU.
Además, se establece que el Ejecutivo deberá presentar un Plan Integral de Fortalecimiento y Reestructuración Financiero para la compañía pública en un plazo de 90 días.
Durante el debate del predictamen, congresistas de izquierda expresaron su respaldo a la derogatoria, asegurando que se quiere “descuartizar” a la petrolera. Incluso, como parte de los argumentos falsos, se señaló que el decreto de urgencia apunta a la venta de Petroperú. Nada se dijo de las gollerías de los trabajadores, ni de los bienes que tiene la empresa que no tienen un fin operativo, pero que sí generan gastos.
No obstante, legisladores como Wilson Soto y Eduardo Salhuana cuestionaron la situación crítica que vive la empresa que tiene deudas por casi US$8,000 millones. Del mismo modo, cuestionaron la inestabilidad en el directorio que en menos de tres meses ha tenido cuatro presidentes y 14 titulares en cinco años.
Cuestión previa
Pese a la intención de legisladores de izquierda porque se apruebe de una vez la derogación, en la Comisión de Energía y Minas se dio luz verde a una cuestión previa para convocar a funcionarios de Proinversión y el Minem para que brinden detalles de la situación de la empresa y del DU.
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