Era el año 2011 y la región de Cajamarca se convertía en el foco de atención del país cuando un grupo de pobladores, encabezados por el entonces gobernador Gregorio Santos, paralizaron la región para gritar “Conga no va”. Hoy, 14 años después y con el proyecto paralizado, ese departamento es el más pobre del país con un 45% de la población que vive en esta situación. Este porcentaje, lamentablemente, está incluso por encima del registrado en 2020, año de la crisis sanitaria (42.5%).
Hay cinco trimestres consecutivos de resultados en azul, según el Banco Central de Reserva.
Esta región, ubicada en la zona norte, tiene una superficie de 33,318 kilómetros y más de 1.3 millones de habitantes. Una de sus actividades más importantes es la agricultura, siendo el café, cacao, arroz cáscara, papa y maíz amarillo los principales productos que se cosechan.
En materia minera, es una de las zonas con más reservas de oro y plata. Actualmente, también cuenta con la mayor cantidad de proyectos mineros (8), cuya inversión en conjunto suma US$16,714 millones, monto que representa el 26.1% del total de la cartera global (US$64,071 millones).
HISTORIA PARA EL OLVIDO
Desde hace 20 años, Cajamarca ha mostrado niveles de pobreza por encima del promedio nacional (en Perú este indicador alcanzó al 27.6% de personas en 2024) y, pese a que las cifras se han reducido, existe una preocupación porque la caída no es más acelerada.
Incluso, hace dos décadas esta región ocupaba el puesto tres o cuatro de regiones con más pobreza. Sin embargo, desde hace algunos años se ha estancado en el primer lugar y por ahora no hay señales de que este resultado se pueda revertir.
El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla consideró que la gestión de Gregorio Santos como gobernador (2011-2014) de esa región fue tan “nefasta” que no permitió que esta parte del Perú pudiera mejorar sus cifras económicas. Si bien, afirmó, hoy los cajamarquinos están más abiertos al ingreso de proyectos mineros, el problema es que aún se mantienen las consecuencias de decisiones que se tomaron hace más de 10 años. Y es que, además de paralizar un proyecto como Conga —que significa una inversión de alrededor de US$4,800 millones—, las decisiones del hoy condenado por delitos de colusión agravada y lavado de activos también significaron inestabilidad e incertidumbre para otras obras y sectores.
En ese sentido, Castilla puso como ejemplo el caso de Apurímac. Esta zona, en 2004, ocupó el noveno lugar de regiones con más pobreza en el país, con un 70.4% de la población viviendo en esta condición. No obstante, en 2024 ya está en el puesto 16 con 24%, es decir, por debajo del promedio nacional. La razón de este descenso responde principalmente a la presencia de Las Bambas y su impacto económico, pese a los conflictos sociales que han golpeado a esta mina.
“Apurímac se encuentra en el lugar que está gracias al aporte de Las Bambas. Pero acá no se trata solo de tener una mina, sino de hacer que sea rentable. Cajamarca es una región más grande, pero también con más reservas y con una oportunidad grande para salir de la situación en la que se encuentra”, añadió.
En ese sentido, anotó que la clave para revertir las cifras que hoy golpean la región del norte está en impulsar la cartera de proyectos mineros, donde figuran minas como Michiquillay, El Galeno, La Granja, Yanacocha Sulfuros, entre otras. Sin embargo, indicó que se debe hacer un trabajo para desterrar mitos sobre un presunto impacto del oro en el agua.
MÁS PROVECHO
Alguien que también consideró que Cajamarca tiene que aprovechar el potencial minero, cuyo impacto en el empleo es directo e indirecto, es el gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE) Víctor Fuentes.
“Si pones en marcha Conga, Yanacocha Sulfuro y El Galeno, la producción de Cajamarca se multiplicaría por 2.5 veces. Lo interesante es que tiene potencial en cobre y oro. Es más, si solo contamos La Granja, Michiquillay y El Galeno, son más o menos 900,000 toneladas de cobre en producción y eso la convertiría por lejos en la mayor productora de este mineral en el país”, detalló.
Aunque destacó el avance de la región en materia turística, afirmó que este sector no genera lo mismo que la actividad minera. De acuerdo con cifras del IPE, el arribo de visitantes nacionales e internacionales aún se ubica por debajo de los registrados en 2019. Así, pasó de recibir más de un millón de turistas antes de la pandemia a poco más de 800,000 en 2024. Para Víctor Fuentes, algo similar sucede con el agro, que aún necesita un arduo trabajo.
En ese sentido, el representante del IPE consideró que el sector público no ha sabido transformar los recursos que tiene este departamento en beneficio de las personas que viven en esta parte del país.
“Hemos visto una falta de visión del país que no ha permitido aprovechar los recursos, pero que al mismo tiempo ha generado la expansión de la minería ilegal que también está presente en Cajamarca”, afirmó.
Por ese motivo, señaló que se ha perdido la oportunidad no solo de reducir la pobreza, sino también de ensanchar la clase media. Todo esto, según aseguró, es consecuencia de la “postura antiminera” que hubo en esta región y que también salpicó al resto del Perú, porque creó un precedente negativo para el resto de desembolsos.
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