Golpeados hasta morir, arrojados desde balcones, ahorcados, abandonados y agonizantes. La crueldad contra los animales en el Perú no es un hecho aislado ni excepcional: es una práctica reiterada que rara vez termina en una celda.
Lo que algunos llaman “buena suerte”, para la fauna silvestre es captura ilegal, maltrato y muerte. En Perú, el uso de animales en rituales de fin de año sigue dejando un saldo alarmante.
Las imágenes circulan, indignan y conmueven, pero cuando la atención pública se disipa, la justicia también desaparece. El caso más reciente es el de Susu, cuyo dueño la ahorcó en la vía pública. Fue tal el daño que a la perrita le tuvieron que aplicar la eutanasia.
Solo en 2023 se registraron 1.686 denuncias por crueldad animal, pero apenas 12 casos llegaron a sentencia. No existe, además, una cifra oficial pública que indique cuántas personas cumplen hoy una condena efectiva por maltratar o matar animales.
Aunque la ley peruana contempla penas de hasta cinco años de prisión cuando el maltrato provoca la muerte del animal, en la práctica las sanciones no se aplican. El resultado es un mensaje devastador: matar a un animal casi nunca tiene consecuencias.
Para Sonia Córdova Araujo, abogada especializada en defensa animal, la impunidad no es casual, sino estructural. La ausencia de medicina legal veterinaria forense, la inexistencia de fiscalías y juzgados especializados, y la minimización sistemática de estos delitos han normalizado una violencia que se repite con mayor brutalidad.
Los casos de maltrato animal se repiten y parecen cada vez más crueles. ¿Por qué ocurre esto?
—Porque hay impunidad. La gente sigue golpeando, ahorcando o matando animales porque sabe que no va a ir presa.
¿La ley contempla penas de cárcel?
—Sí, la ley habla de hasta cinco años de prisión, pero eso no se aplica. Las sanciones deberían elevarse para que haya penas efectivas. Si no hay cárcel real, el mensaje es que estas salvajadas salen gratis.
¿Qué falla cuando se denuncia un caso de crueldad animal?
—Falla todo. No existe un área de medicina legal veterinaria forense. Cuando una persona es atacada pasa de inmediato por un médico legista. Con los animales no ocurre lo mismo. No hay protocolos inmediatos ni informes oficiales que sustenten una acusación sólida.
En el caso de Susu, el agresor alegó que el animal estaba enfermo.
—Eso no justifica nada. Para esos casos existe la eutanasia, que es un procedimiento médico y ético para evitar sufrimiento. Golpear a un animal hasta matarlo es crueldad pura. No hay excusa.
¿Influye el factor económico en estos casos?
—Sí, y es una realidad que el Estado no quiere mirar. No tenemos hospitales veterinarios públicos. Los costos son altísimos. Hay personas que no tienen ni 100 soles para una eutanasia. Eso no justifica la violencia, pero explica por qué el abandono institucional empuja a escenarios extremos.
¿Qué pasa cuando un ciudadano va a una comisaría a denunciar maltrato animal?
—Muchas veces no le hacen caso. Por eso se necesitan fiscalías especializadas. Si existiera una fiscalía de derecho animal, la policía no podría negarse a recibir la denuncia.
¿Existen experiencias internacionales que respalden estas demandas?
—Sí. En Chile, por ejemplo, estos casos eran vistos por una fiscalía especializada en medio ambiente. En el Perú tenemos que crear derecho y crear jurisprudencia. Que no exista no significa que no se pueda hacer.
¿Qué reformas son urgentes para frenar esta violencia?
—Medicina legal veterinaria forense, sanciones más drásticas, juzgados y fiscalías especializadas, hospitales veterinarios públicos y educación. Esto no es solo un problema legal: es un problema social y de salud pública.
¿Qué sigue ahora?
—Seguir litigando, seguir creando jurisprudencia y exigir al Ejecutivo que actúe. Yo no represento intereses personales. Represento a los animales, a los que no tienen voz. Y voy a seguir siendo una voz más entre muchas que exigen que esta crueldad deje de ser invisible.
La activista espera ser escuchada por el presidente José Jerí, quien —como se sabe—es un animalista declarado.
UN HECHO INDIGNANTE
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque condenó a Pedro Ángel Lluen Gonzales, carnicero que mató con un machete al perro Lalito tras acusarlo de haberse llevado un trozo de carne en el mercado Centenario de Santa Rosa.
El crimen ocurrió en flagrancia y fue presenciado por testigos, quienes relataron que el agresor persiguió al animal y regresó a su puesto con el arma ensangrentada.
Pese a las irregularidades denunciadas en la comisaría, donde inicialmente se negaron a recibir la denuncia por considerar que el perro “no tenía relevancia jurídica”, la presión vecinal permitió la detención.
La sentencia, emitida mediante terminación anticipada, impuso dos años y seis meses de prisión suspendida, el pago de S/800 de reparación civil, S/520.80 de multa y la inhabilitación para tener animales.
CASO EMBLEMÁTICO
El Caso Dashi se refiere a la condena impuesta en el Perú a Alonso Santa Cruz Túpac Yupanqui por el delito de abandono y actos de crueldad contra su perrita Dashi.
El Poder Judicial dictó una pena de un año y seis meses de cárcel efectiva, el pago de 5.000 soles por concepto de reparación civil y la inhabilitación definitiva para la tenencia de animales.
Dachi fue apuñalada en 18 ocasiones por lo que tuvo que ser inmediatamente auxiliada por veterinarios para salvar su vida. Gracias a la rapidez de la atención médica, la pequeña logró estabilizarse y recuperarse.
Así como estos hay casos aislados, pero no data que permite saber si la justicia alcanza a todas las víctimas.
LA RAIZ DEL PROBLEMA
Para el abogado animalista Jorge Luis Reyes Huamán, uno de los principales problemas no es la ausencia de normas, sino el desconocimiento de quienes deben aplicarlas.
“Se debe tener en cuenta que el problema de la aplicación de las normas de protección animal se basa en el desconocimiento de la policía, fiscales y jueces, quienes no han sido debidamente capacitados en la aplicación de la ley y su trascendencia en el derecho peruano”, señala.
El abogado animalista subraya que esta falta de formación tiene consecuencias directas en la persecución del delito. “Hay denuncias, pero no son atendidas adecuadamente, y lamentablemente se traduce en impunidad”, afirma.
Sus declaraciones refuerzan una preocupación recurrente entre organizaciones de protección animal: la brecha entre la legislación vigente y su ejecución real, especialmente en los primeros eslabones del sistema de justicia.
Aunque el Caso Dashi marcó un precedente, especialistas coinciden en que sin capacitación obligatoria y protocolos claros, la mayoría de denuncias por crueldad animal seguirá sin llegar a sentencia.
Suscríbete gratis a la Guía Gastronómica más prestigiosa del país. SUMMUM, el newsletter semanal.
VIDEO RECOMENDADO