El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros cuatro funcionarios por los graves problemas que se suscitaron ayer durante el proceso electoral.
La Junta Nacional de Justicia inicia una pesquisa preliminar en medio de cuestionamientos al proceso electoral, marcados por retrasos logísticos y denuncias ciudadanas.
La denuncia fue ingresada la tarde de este lunes y quedó a cargo del Quinto Despacho Fiscal. La denuncia, presentada por el procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, plantea investigar presuntos delitos de abuso de autoridad, atentado contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del proceso electoral.
Según el documento, Corvetto habría tenido conocimiento previo de la crisis logística y tecnológica, pero no habría informado oportunamente al pleno del JNE sobre la magnitud del problema. Recién horas después de iniciada la jornada electoral reconoció que el material no había llegado a diversos locales de votación, lo que habría impedido tomar medidas a tiempo.
La denuncia también alcanza a otros funcionarios de la ONPE, entre ellos el gerente de Administración, Eduard Alarcón, señalado por presuntas fallas en la supervisión del contrato logístico; y Ricardo Saavedra, responsable de la organización electoral, a quien se le atribuye no haber garantizado la estabilidad del sistema tecnológico ni la conectividad en los locales de votación.
Asimismo, se incluye a José Zamame, exgerente de Gestión Electoral, por su rol en la planificación del proceso, y a Juan Alvarado, representante legal de la empresa Galaga SAC, encargada del transporte del material electoral en Lima Metropolitana. Según la denuncia, la compañía no contaba con la flota suficiente para cumplir el servicio, lo que habría contribuido a la paralización logística.
SE COMPLICA LA SITUACIÓN DE CORVETTO
En el documento se lee que "el hecho que reviste mayor gravedad es la conducta desplegada por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas. A pesar de que la crisis logística y tecnológica era de conocimiento de la ONPE incluso hasta momentos previos al inicio de la jornada electoral, el denunciado mantuvo una conducta omisiva sistemática. Corvetto Salinas no informó oportunamente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sobre la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día".
La denuncia señala que Corvetto al advertir "la inminente e irreversible quiebra del sistema de instalación de mesas, este pretendió mitigar el impacto institucional anunciando que gestionaría la exoneración de las multas electorales para los ciudadanos impedidos de sufragar debido a la falta de material".
Para el JNE, "este hecho constituye, en puridad, una aceptación tácita del incumplimiento de sus funciones esenciales como garante del proceso; no obstante, desde una perspectiva estrictamente constitucional, la dispensa de una sanción pecuniaria resulta absolutamente insuficiente e impertinente para resarcir la vulneración del derecho-función al voto, lo cual agrava la configuración de los delitos imputados, pues era plenamente consciente de la exclusión masiva de electores provocada por su deficiente labor; así como, un flagrante atentado contra el derecho de sufragio, al reconocer fácticamente que el organismo bajo su mando obstaculizó el libre ejercicio del voto, pretendiendo "subsanar" un agravio de magnitud constitucional, confirmando el reconocimiento de la ilegalidad de su proceder y la existencia de un perjuicio irreparable a los comicios electorales".
El JNE detalla que recién en horas de la tarde, del domingo, de manera extemporánea e ilegal, el Jefe de la ONPE compareció ante el ente rector para admitir que el material electoral no había llegado a los locales de Lima Metropolitana.
"Este retardo en la comunicación de contingencias impidió que el Jurado Nacional de Elecciones tomara medidas preventivas en el momento oportuno, configurando una arbitrariedad que lesionó el normal desenvolvimiento de la Administración Pública Electoral. Su inacción dolosa, al conocer la posición de garante que ostenta, constituye una infracción del deber jurídico que ha sido incluso señalada por la Junta Nacional de Justicia al solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias por falta de capacidad de gestión".
DELITOS QUE SE LES IMPUTA
• DELITO CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO - ATENTADO CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO (Obstaculización), previsto y sancionado en el artículo 359°, inciso 5) del Código Penal.
• DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - OMISIÓN, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES, previsto y sancionado en el artículo 377° del Código Penal.
• DELITO ELECTORAL - OBSTACULIZACIÓN DEL NORMAL DESARROLLO DEL ACTO ELECTORAL, previsto y sancionado en el artículo 383°, inciso d) de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859).
LO CITAN AL CONGRESO
La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este 14 de abril a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, y a Roberto Burneo, presidente del JNE, a fin de que expliquen las fallas e irregularidades registradas en las Elecciones Generales 2026.
La sesión extraordinaria, programada en modalidad semipresencial, buscará esclarecer por qué más de 63.000 ciudadanos no pudieron votar debido a problemas en la distribución de material electoral en 211 mesas de sufragio. El Parlamento ha solicitado a Corvetto un informe detallado sobre las causas técnicas, operativas y estructurales de estos errores, así como sobre los procesos de contratación y control de proveedores.
Asimismo, se exige conocer las medidas correctivas y planes de contingencia adoptados para garantizar la transparencia del proceso, además de los criterios aplicados en aspectos clave como la valla electoral y la cifra repartidora.
En paralelo, Burneo deberá informar sobre la legalidad de las decisiones del JNE, la anulación de más de 200 mesas y la gestión de impugnaciones, así como la coordinación con la ONPE. Mientras tanto, la ONPE anunció acciones legales contra la empresa encargada de la distribución del material electoral, y el JNE adelantó que buscará sanciones por los retrasos, en un proceso que convocó a más de 27 millones de votantes en todo el país.
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