Lo sucedido ayer en el Congreso es una de las mayores infamias de nuestra historia republicana. En una componenda ilegal e inconstitucional han inhabilitado a la fiscal de la nación, Delia Espinoza, mediante una reconsideración de votos: un procedimiento ilegal que vulnera el debido proceso. Esta práctica parlamentaria sirve para aprobar o derogar leyes, porque permite una reflexión en el debate, pero no aplica para procesos sancionatorios. Evidentemente, una “reconsideración” de votos es prácticamente un negociado y tráfico de votos, como sucedió ayer, para obligar a que varios de los impresentables congresistas —que ni siquiera participaron de la sesión parlamentaria— solo voten para consumar una venganza política.
Todo esto es un escándalo de proporciones. Trajeron congresistas únicamente para que toquen el botón verde, y a otros los coaccionaron para que cambien el sentido de sus votos iniciales. En la mañana fracasó esta patraña orquestada por lo más rancio del Congreso, que buscaba vengarse de la valiente fiscal de la nación por las denuncias que interpuso contra varios congresistas. Ellos votaron sin escrúpulos, sabiendo del serio conflicto de intereses existente.
Este hecho constituye un terrible precedente en la lucha contra la corrupción, en la que el país debe involucrarse. No podemos permitir semejante atropello y abuso de parte de las mafias políticas que hoy nos gobiernan. Con esta ignominia han demostrado que los delincuentes de la política pueden ajustar cuentas con cualquiera que se atreva a hacer respetar la ley y la justicia. La fiscal de la nación, cumpliendo sus funciones —pues es la única que puede denunciar a congresistas—, presentó sendas acusaciones constitucionales por las infracciones y delitos cometidos por ellos. Por eso se consumó la venganza política.
Lo más grave es que no existe una sola prueba que la responsabilice de haber emitido un reglamento contrario a la ley promulgada por este Congreso. Delia Espinoza jamás firmó ese documento ni estuvo bajo su responsabilidad. Si supuestamente había que sancionar a un fiscal, era a Juan Carlos Villena, pero a él lo perdonaron.
El descaro no tiene límites. El propio congresista Montoya, en su alocución, dijo textualmente: “Ha denunciado a casi todos los congresistas, su actitud es beligerante, es imperativo detenerla para que no siga ocupando un cargo público”. A confesión de parte, relevo de pruebas. Queda demostrada la infamia de estos congresistas, que terminarán en la cárcel, no lo duden.