El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, rechazó los pedidos de algunos candidatos para que el Ministerio Público intervenga en el recuento de votos de las Elecciones Generales 2026, al aclarar que dicha función corresponde exclusivamente a los organismos electorales y que cualquier injerencia podría comprometer la legalidad del proceso.
“Desde el Ministerio Público solamente investigamos la presunta comisión de delitos, no otra cosa. Ya la cuestión electoral, los resultados del proceso es competencia exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones”, sostuvo, marcando distancia frente a las solicitudes de supervisión directa del conteo.
El funcionario comunicó su decisión a la Junta Nacional de Justicia, que por unanimidad aceptó su paso al costado en medio del proceso electoral. La segunda vuelta será en junio próximo.
En esa línea, enfatizó que el rol de su institución no incluye el control del escrutinio, ni siquiera a través de fiscales de prevención del delito. “A nosotros los candidatos nos dicen que intervengamos en el conteo, que mandemos fiscales para que revisen y controlen, pero eso no podemos hacer porque con eso estaríamos viciando el propio proceso a través de la interrupción del conteo”, advirtió.
El titular del Ministerio Público insistió en que una eventual intervención durante el desarrollo del escrutinio podría generar cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral, al introducir un actor sin competencia legal en una etapa que está claramente delimitada por la normativa vigente.
No obstante, precisó que la Fiscalía sí puede actuar posteriormente si se detectan indicios de irregularidades con relevancia penal. “No podemos intervenir en ello, sino que investigamos la presunta comisión del delito en los aspectos externos y, una vez que concluya el proceso, ahí sí podemos incluso hacer una pericia con un nuevo conteo de los votos, pero después de que salgan los resultados”, explicó en entrevista a Exitosa Radio.
Gálvez, no descartó que funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) enfrenten responsabilidad penal por las graves irregularidades en la organización de la jornada electoral del 12 de abril. Señaló que las autoridades de la entidad, incluidos sus altos mandos, habrían estado advertidas de los problemas, incluso por informes previos de la Contraloría, y pese a ello no adoptaron medidas. “Sabían de eso y estaban obligados a evitarlo (…) eso ya se puede imputar penalmente a título de dolo”, afirmó, al considerar que no se trataría solo de una falta grave, sino de una conducta con conocimiento previo.
Estas investigaciones alcanzan a diversos servidores, entre ellos Piero Corvetto. El fiscal precisó que el Ministerio Público ya indaga posibles delitos electorales y también evalúa la presunta comisión de colusión ilegal vinculada a irregularidades en la adjudicación del servicio de transporte a la empresa Galaga.
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