La Comisión Permanente del Congreso archivó ayer la denuncia constitucional contra el hoy fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, por su presunta participación en la ilegal inscripción del partido Podemos Perú de José Luna Gálvez.
El Ministerio Público va tras los bienes del dueño de Podemos Perú que podrían haber sido adquiridos con dinero ilícito.
Con 15 votos a favor, el grupo que preside Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó dejar sin efecto el caso.
La denuncia fue interpuesta por la extitular del Ministerio Público, Patricia Benavides.
A Gálvez se le imputaba ser miembro de una organización criminal por haber influenciado en miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que, en 2017, votaran por el candidato a jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, que era cupo de Luna.
Un colaborador eficaz contó que, en esa época, el fiscal supremo presentó a Castillo Meza con el entonces consejero Hebert Marcelo para asegurar su respaldo en la elección. Y así se habría cerrado el pacto, de acuerdo a la tesis fiscal.
La investigación indica que el ahora congresista pagó coimas a exconsejeros para que elijan a Castillo y este, ya al mando del órgano electoral, garantizara la inscripción de Podemos como organización política.
La historia de cómo se copó la ONPE en el 2017 para inscribir al partido político del congresista José Luna Gálvez es narrada por primera vez por un delator que participó de la trama. A continuación el caso que podría llevar 22 años preso al hombre que aspira a ser presidente en las próximas elecciones.
Por este caso, el también candidato presidencia Luna Gálvez afronta una acusación penal que está camino a juicio.
No obstante, la Subcomisión libró a Gálvez Villegas al concluir que no había pruebas, ni registro oficial ni acto administrativo que demuestre una intervención directa del fiscal supremo en el proceso de selección para jefe de la ONPE.
Esas conclusiones fueron aprobadas por la Comisión Permanente y, en consecuencia, la denuncia quedó en el archivo.
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