Como era de esperarse, la nueva prórroga del Reinfo hasta el próximo 31 de diciembre no ha caído nada bien en el sector minero. Para Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), esta cuarta ampliación es un retroceso que revela la falta de un plan claro por parte del Estado para cerrar de manera definitiva el proceso de formalización.
¿Se cumplirá la disposición de la JNJ para reponer a Patricia Benavides pese a que hoy ha sido suspendida 2 años del cargo de fiscal de la Nación?
Torreblanca advirtió que esta medida corre el riesgo de convertirse en un mecanismo permanente que, lejos de ordenar el sector, ampare actividades ilegales bajo un registro temporal.
En ese sentido, hizo un llamado a un pacto nacional para no permitir que esta actividad criminal financie campañas en las próximas elecciones.
“Estamos a tiempo de convocar a un pacto nacional para que en las elecciones de 2026 no se financien los candidatos con dinero del narcotráfico ni de la minería ilegal”, enfatizó.
La titular del SNMPE criticó la pasividad del Congreso, alimentada por los anuncios anticipados del Ejecutivo sobre la prórroga del Reinfo. Este escenario, señaló, frenó el debate técnico en torno a la Ley MAPE, que debía haberse aprobado en la legislatura que acaba de terminar. La ejecutiva espera que esta prórroga no termine disfrazándose como una futura Ley MAPE.
“Nos llama mucho la atención esta prórroga del Reinfo. Ojalá que con esta última ampliación pueda cumplirse con hacer una clasificación adecuada de qué mineros son los que van a lograr terminar la formalización y apoyarlos en el proceso para que se cumpla el plazo, y no venga un nuevo Reinfo disfrazado con el nombre de Ley MAPE o algo similar”, dijo invocando al Congreso y al Ejecutivo para trabajar de manera seria en esta ley.
Explicó que, si en estos seis meses no se concluye el periodo de formalización, el Gobierno tendría que ejercer su rectoría para lograr que se cumpla la ley y solo se desarrollen actividades mineras en las concesiones que están permitidas y con aquellos titulares que cumplan con los requisitos que establece la Ley General de Minería.
La titular de la SNMPE se mostró contraria a las propuestas para que el Banco de la Nación compre oro a mineros informales, alertando que tales iniciativas podrían blanquear capitales ilegales y agravar la corrupción en la cadena del oro.
“Hoy más de un 40% de las exportaciones de oro estarían procediendo de la minería ilegal o no formal. La minería ilegal ya es la primera economía ilegal del país. Ya superó al narcotráfico”, advirtió.
Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.
¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.
VIDEO RECOMENDADO