Mientas el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, se encontraba ayer en Lima, su equipo liderado por Analí Márquez y el exfiscal José Domingo Pérez firmaba un compromiso en Chala, Arequipa, para derogar una norma que fortalece y aumenta la pena para quienes practiquen la minería ilegal.
Norma derogó disposición que permitía a la Policía intervenir e incautar explosivos en manos de mineros informales.
La candidata a la primera vicepresidencia de JPP y Pérez acudieron a un mitin organizado por el gremio minero de la macroregión sur buscando asegurar votos para la segunda vuelta electoral.
En ese encuentro, Márquez suscribió delante de decenas de mineros ilegales un "pacto" que señala explícitamente la eliminación del decreto legislativo N° 1695 que modifica artículos del Código Penal para castigar con más severidad el desarrollo de la ilegal actividad extractiva.
La norma, promulgada en marzo de este año por el entonces presidente José Jerí, estipula que aquel que trafica insumos químicos y maquinaras destinados a la minería ilegal será reprimido con una pena no menor de 6 años ni mayor de 9 años de cárcel.
Además, añade el artículo 307-F que penaliza de la misma forma el tráfico ilícito de recursos minerales provenientes de la minería ilegal o que se encuentren "fuera del proceso de formalización minera integral".
También agrega el artículo 307-G que indica la inhabilitación para obtener concesiones mineras, ya sea a nombre propio o de terceros, así como para comercializar recursos minerales.
Quieren ley a la medida
Otro de los compromisos asumidos por JPP con los mineros ilegales es que realizarán "las reformas legales necesarias" para que continúe el desarrollo de "la pequeña minería y minería artesanal".
Acordaron "emitir una ley que permita el desarrollo de las actividades de la pequeña minería, cumpliendo los estándares ambientales, seguridad y salud ocupacional".
E incluso suscribieron elaborar el marco normativo "que regule la actividad de las mujeres seleccionadoras de mineral" y acabar con "el acaparamiento y especulación de titulares de concesiones mineras".
Ayer, Roberto Sánchez ya había ratificado su respaldo al desarrollo de esta economía que opera fuera de la ley.
Sostuvo que la ley que impulsó desde el Congreso para que la Policía no intervenga maquinaria y material en manos de mineros ilegales "no es procrimen".
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