Roberto Sánchez irá a juicio oral por caso de falsa declaración ante la ONPE

"Lo que nos corresponde es pasar a la siguiente etapa para evaluar; esta adjudicatura ha decidido proseguir, declarar infundadas las observaciones de las defensas técnicas y declarar la validez formal de la siguiente acusación", aseguró el juez Farfán.

Roberto Sánchez pide al juez permiso para desconectarse de la audiencia a través de su abogado.

El juez Adolfo Farfán resuelve declarar infundado la solicitud del Ministerio Público de suspender la evaluación de las observaciones y proseguirse con la audiencia.

El juez Adolfo Farfán declaró infundado solicitud de Roberto Sánchez para archivar los delitos de falsa declaración y falseamiento de información de organizaciones políticas. Por lo que se le seguirá investigando al respecto.

La fiscal refutó al magistrado, alegando que el primer auto de enjuiciamiento (documento de cierre de dicha fase de investigación) fue emitido de manera válida y marcó el fin de la etapa intermedia. Sostuvo que obligar al Ministerio Público a realizar un nuevo control de acusación (argumentación del caso y debatee) completo significaría invalidar indebidamente todo el trabajo procesal que ya se había realizado en el año 2024.

El abogado defensor intervino para frenar ese argumento y le aclaró al juez que las cosas habían cambiado. El abogado demostró que existía una resolución posterior, en la cual el propio juzgado le ordenó a la Fiscalía cambiar la acusación y presentar un requerimiento nuevo porque la imputación iba a ser distinta. Al recordar que el Ministerio Público ya había aceptado esa orden en el pasado, el juez dio el debate por terminado y le ordenó a la fiscal que dejara de insistir y empezara de una vez a exponer su nueva acusación.

En medio de la audiencia hubo un altercado ya que la Fiscalía y la defensa no se ponían de acuerdo sobre qué debían discutir en ese momento. La fiscal insistía en que todo el debate importante sobre las pruebas y la acusación ya había terminado en el año 2024, por lo que el caso solo había regresado a ese juzgado para corregir un documento formal y quitar los cargos de fraude por los que el investigado Roberto Sánchez ya había sido absuelto. Según su postura, no correspondía volver a revisar todo desde cero.

El juez declaró fundada la solicitud de la fiscalía y ordenó el sobreseimiento definitivo (archivo) a favor de los investigados Manuel Eugenio Torrisco Juárez y Rubén Mario Herrera Tello. Asimismo, dispuso que, una vez consentida la resolución, se proceda a la anulación de todas las anotaciones y antecedentes policiales o judiciales que les hubiese generado este proceso en particular.

Los abogados de los demás investigados (Raúl Castillo Latrista, José Guardia Guamaní y Manuel Torvico Juárez), así como la Procuraduría, manifestaron no tener ninguna observación al pedido de archivo. Por su parte, la defensa técnica de Rubén Mario Herrera se adhirió al sobreseimiento y solicitó al juzgado que se ordene la anulación de los antecedentes judiciales generados por el extremo de este delito.

Ante la observación de la defensa y la intervención del juez, la fiscal precisó que sus afirmaciones eran en tiempo pasado y aseguró que solo narró los hechos que "inicialmente se estaban imputando" con el único fin de contextualizar cómo se originó la presunta participación de los cómplices en el delito de fraude de personas jurídicas.

El abogado defensor, Carlos García , reclamó que la fiscalía mantenía la imputación contra su patrocinado en tiempo presente. Argumentó que la fiscal incluyó hechos que no estaban en el requerimiento acusatorio original, como que el investigado "impuso" la recaudación de dinero, por lo que pidió que se rectifique de acuerdo a lo que se estaba viendo en el caso.

Se constató que las resoluciones previas del juzgado quedaron firmes al no haber sido impugnadas por las partes, por lo que la sesión se centró exclusivamente en adecuar el proceso a lo dispuesto por la Sala Superior y emitir un nuevo auto de enjuiciamiento.

De acuerdo con lo resuelto por la instancia superior, la finalidad de un partido político es representar a los ciudadanos en el sistema democrático y no incorporarse al tráfico comercial o económico. Por este motivo, el tribunal determinó que sus administradores no pueden ser sujetos activos del delito de administración fraudulenta. Al haber fenecido la acción penal contra el presunto autor principal, Roberto Sánchez Palomino, la fiscalía sostuvo que ya no se les puede atribuir la condición de cómplices a Torrisco Juárez y Herrera Tello, motivo por el cual corresponde extender el beneficio del archivo a ambos investigados.

La representante del Ministerio Público, Gladys Huete, explicó que la Sala Penal de Apelaciones declaró fundado en parte un recurso interpuesto por el exdirigente del partido político Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, ordenando el archivo del proceso en su contra por el delito mencionado. Sin embargo quedaban dos por verse.