Golpe desde el Congreso al Gobierno. La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. La acusación se basa en el Decreto Supremo N.°009-2025-EM, que permite la transferencia hereditaria del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que, según expertos, favorece la minería informal y la infiltración de grupos ilegales. Se solicita inhabilitar a ambos funcionarios por 10 años de la función pública.
Solo restan siete firmas de las 20 necesarias para presentar la moción de interpelación impulsada por la bancada de Acción Popular contra el titular del Minem, Jorge Luis Montero.
El caso será evaluado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en una de sus próximas sesiones, donde se debatirá la admisión del proceso. La revisión permitirá identificar qué bancadas respaldan medidas cuestionadas por expertos y medios, ya que se vinculan con el fomento de actividades informales e ilegales, sobre todo en Pataz, en la que asesinaron recientemente a 13 trabajadores de una minera.
Para la SNMPE y otros sectores, el decreto genera una peligrosa distorsión de la política de formalización minera, porque se trataría de un preámbulo para una ampliación indefinida del Reinfo.
Como ha revelado Perú21 y otros medios de investigación, al menos 14 dirigentes de mineros informales tienen vínculos con cuatro partidos políticos: siete están ligados a Renovación Popular, cinco a Podemos Perú, uno a Juntos por el Perú y otro a Perú Libre.
Todos ellos pertenecen a Confemin, el gremio de mineros informales más grande del país.
Esta relación política con sectores informales podría influir en el futuro del proceso legislativo y en la postura de determinadas bancadas frente a la denuncia.
Esta es la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero.
La denuncia fue presentada por la legisladora el último martes.
LA DENUNCIA
Según el documento presentado, la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, habrían incurrido en infracción constitucional al vulnerar el artículo 103 de la Carta Magna, que prohíbe el abuso del derecho.
“La presidenta de la República incurre en infracción constitucional por vulnerar la prohibición de abuso del derecho prevista en el artículo 103 de la Constitución Política, al emitir un dispositivo reglamentario que evidencia el aprovechamiento de su cargo para exceder largamente sus atribuciones. En este caso, también debe señalarse la responsabilidad del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, quien colaboró en sustentar técnicamente esta decisión abusiva y, de hecho, la refrendó”, se lee en la denuncia.
Adicionalmente, el documento sostiene que ambos habrían vulnerado el artículo 66 de la Constitución, al introducir la figura del Reinfo hereditario mediante el Decreto Supremo N.°009-2025-EM.
“La transferencia de la titularidad en el registro Reinfo por sucesión, habilitada mediante la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N.°009-2025-EM, colisiona directamente con el artículo 66 de la Constitución Política del Perú”, señala el texto.
Dicho artículo establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y que su otorgamiento a privados debe regirse por una ley orgánica. Las concesiones, por tanto, no pueden ser heredadas como un bien privado.
INTERPELACIÓN AL MINISTRO DE ENERGÍA
De forma paralela, la bancada de Acción Popular viene impulsando una moción de interpelación contra el ministro Jorge Montero, también por el cuestionado decreto del Reinfo hereditario. Según informó Perú21, hasta el cierre de esta edición solo faltaban siete firmas, de las veinte requeridas, para presentar formalmente la moción ante el Pleno.
La iniciativa busca que el titular del Minem responda por el Decreto Supremo N.°009-2025-EM, que permite transferir el registro de formalización minera de padres a hijos, como si se tratara de un bien patrimonial. La norma ha generado fuerte rechazo por parte de diversos sectores que advierten un retroceso en la lucha contra la minería ilegal.
La presentación oficial podría realizarse en el Pleno de hoy, donde se daría cuenta del pedido para iniciar su trámite legislativo.
ALERTA POR LEY MAPE
Este viernes, la Comisión de Energía y Minas iniciará el debate del proyecto de Ley de la Mediana y Pequeña Minería (Ley MAPE). La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha expresado su preocupación por el contenido del predictamen, el cual —según la entidad— facilitaría la legalización de mineros informales e incluso ilegales.
Según el artículo 4.2 del texto, al que accedió Perú21, se introducen definiciones que —a juicio del gremio— desvirtúan los esfuerzos de formalización y promueven la impunidad.
Una carta enviada por la directora ejecutiva de la SNMPE, Ángela Grossheim, al presidente de la comisión, Paul Gutiérrez, cuestiona los incisos “b” y “c” del mencionado artículo. En el primero, se define como minería informal toda actividad que no haya iniciado trámites de formalización, lo que —según el gremio— suaviza la responsabilidad legal de quienes operan fuera del marco normativo.
El inciso “c”, en tanto, redefine la minería ilegal como aquella que se realiza sin autorización estatal y en zonas de exclusión minera. Esto, advierte la SNMPE, acotaría el concepto vigente y dejaría fuera muchas operaciones que hoy sí son consideradas ilegales.
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