Roberto Sánchez ha preferido callar tras ser señalado por sus propios militantes de apropiarse de dinero del partido. No dice nada tampoco de las acusaciones que le ha formulado la Fiscalía por presentar declaraciones juradas con información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre 2018 y 2020.
La noche de este 12 de mayo, el candidato seguía escapando sin responder. Aquí las imágenes:
El Ministerio Público le imputa al aliado de Antauro Humala dos delitos diferenciados según el periodo en que se habrían cometido: el de falsa declaración en procedimiento administrativo ante la ONPE y el de falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.
El alcalde de Lima solicitó elecciones complementarias "en defensa de los vecinos de Lima".
La primera acusación es por la campaña correspondiente a las elecciones regionales y municipales de 2018. Según la acusación, los entonces dirigentes del partido presentaron ante la ONPE sus Informaciones Financieras de Campaña (IFC) e Informaciones Financieras Anuales (IFA) consignando ingresos y egresos de cero soles, pese a que el partido habría recibido aportes reales de sus militantes, quebrando así el principio de presunción de veracidad que rige todo procedimiento administrativo.
El segundo delito es la vulneración del control del financiamiento político (Art. 359-B CP), incorporado al Código Penal con posterioridad a 2018, por lo que su aplicación abarca únicamente la campaña para elegir el nuevo Congreso en el 2020 y la Información Financiera Anual IFA de ese año.
La acusación sostiene que se incumplió la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 28094), que obliga a canalizar todos los fondos a través del sistema financiero y reportarlos íntegramente a la ONPE.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Leandro Afrade Cerna Herrera, militante de JPP. Durante la pesquisa se detectó que los aportes de los afiliados, recaudados para participar en los procesos electorales, nunca fueron depositados en las cuentas oficiales del partido, sino desviados a cuentas personales de sus propios dirigentes.
Según la Fiscalía, S/ 204,951.36 ingresaron a una cuenta del BCP a nombre de William Sánchez Palomino, el hermano del candidato presidencial. Otros S/ 75,750.00 fueron a una cuenta mancomunada en el BCP a nombre de Manuel Torbisco Juárez y Rubén Herrada Tello —tesoreros titular y suplente del partido—. En total, más de S/ 280,000 habrían sido ocultados al órgano electoral.
La entidad electoral figura en este proceso en calidad de agraviada, al haber recibido declaraciones que no se ajustaban a los montos realmente manejados por el partido.
El caso se encuentra actualmente en etapa intermedia, en audiencia de control de acusación. Si el juez no sobresee el proceso, ya sea de oficio o a pedido de parte, la causa pasará a juicio oral.
La fecha fijada para la audiencia del nuevo auto de enjuiciamiento es el próximo miércoles 27, a las 8:00 a.m. La Fiscalía ha solicitado 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato y que se le inhabilite como presidente de JPP.
También figuran entre los acusados como cómplices primarios José Guardia Huamaní (contador de JPP), y Raúl del Castillo Alatrista y Rubén Mario Herrada Tello, tesoreros en los periodos en los que presuntamente se escondió a la ONPE estos aportes.
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