La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra la congresista Lucinda Vásquez, a quien se le imputa el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
El caso está relacionado con la supuesta filtración y comercialización del examen de nombramiento docente 2021, ocurrido en la ciudad de Tarapoto, región San Martín.
Expresidente del Congreso fue sentenciado a 8 años de prisión por peculado doloso en marzo pasado.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha admitido a trámite la denuncia, dando inicio al procedimiento parlamentario correspondiente. Según el Ministerio Público, Vásquez habría ofrecido el examen a cambio de S/ 3,000. Aunque la congresista niega cualquier vínculo con los involucrados, los registros de llamadas, testimonios y datos de geolocalización contradicen su versión.
Cuarto Poder reveló que el levantamiento del secreto de comunicaciones de la congresista mostró una llamada realizada el mismo día de la evaluación con el médico Manuel Zafra, presunto vendedor de la evaluación docente.
No obstante, la parlamentaria aseguró a la Fiscalía que ese día no habló con nadie y se encontraba a dos horas de Tarapoto. "El día 13 y 14 de noviembre me fui a mi chacra, que está ubicada a 15 minutos del Río Mayo, donde tengo mi finca, ahí estuve incomunicada", dijo.
Además, la ubicación de su teléfono móvil revela que se encontraba en en el mismo Tarapoto y no a dos horas de la ciudad. Asimismo, no existe constancia formal de denuncia por el supuesto robo de su celular ni del bloqueo de la línea, a pesar de que afirmó haber sido asaltada en Gamarra.
Implicados en su entorno parlamentario
La Fiscalía ha identificado a personas cercanas al entorno de Vásquez como posibles coautores o facilitadores. Dos docentes vinculados a su despacho mantuvieron comunicaciones reiteradas antes y durante la fecha del examen. Uno de ellos fue posteriormente contratado como asesor en el Congreso, con una remuneración mensual de S/9000.
Asimismo, una extrabajadora del despacho confirmó que los implicados se reunieron con Vásquez antes de la evaluación. Mensajes y documentos respaldan la hipótesis de una coordinación desde su equipo parlamentario.
Tras la admisión de la denuncia constitucional, la Subcomisión deberá designar a un congresista delegado para conducir la investigación y elaborar un informe. De aprobarse, el caso será elevado a la Comisión Permanente y posteriormente al Pleno del Congreso, donde podría debatirse una eventual inhabilitación.
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