Proyecto de Perú Libre para convocar a Asamblea Constituyente distorsiona datos sobre pobreza

En su exposición de motivos, la descabellada iniciativa sostiene que al año 2020 hubo un incremento de la pobreza tanto en el área rural como urbana, y agrega que esta situación se da “por efecto de la aplicación del régimen económico neoliberal”. Ello, evidentemente, con el fin de justificar su propuesta de un cambio de la Constitución de 1993.

Para el efecto, su autora Margot Palacios cita un informe referente al año 2020 del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre la evolución de la incidencia de la pobreza monetaria.

Sin embargo, la legisladora apela a medias verdades pues deliberadamente omite la precisión, consignada en el mismo documento, de que el aumento de la pobreza de 20.2% en 2019 a 30.1% en 2020 se da en el contexto de la pandemia del COVID-19. “Nuestro país no está exento de este fenómeno, por lo que se ha visto afectado, presentando en sus cifras de pobreza monetaria altas variaciones, tal como se detalla en la presente sección”, se lee.

Y así lo ratifica Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), quien indicó que el incremento de la pobreza en 10 puntos porcentuales en ese periodo fue consecuencia del cierre desproporcionado de la economía que hubo en el segundo y tercer trimestre de 2020.

“Si tú obligas a parar una gran parte de actividades económicas por los meses que se pararon, lógicamente vas a tener ese deterioro del mercado de trabajo, de los ingresos e incremento en la pobreza; no hay ahí ninguna sorpresa”, explicó a Perú21. Agregó que en lo que sí tiene que ver el sistema económico consagrado en la Constitución del 93 es en la trayectoria de la pobreza entre 2004 y 2019, donde se registró una caída de 40 puntos porcentuales. Es decir, todo lo contrario a lo que postula Perú Libre.

Recordó que debido a la pandemia, nuestro país experimentó un “cierre desproporcionado” de la economía. “Fue uno de los más estrictos del mundo y un período más o menos largo y si bien se pudo desplegar algunos esfuerzos desde el Estado, como el Programa Reactiva y algunos bonos, la verdad es que, por la extendida informalidad, no se pudo, de repente, llegar a más familias vulnerables o empresas informales, lo cual quizás hubiera podido suavizar el golpe en algunos sectores. “El incremento de la pobreza no tiene nada que ver con la Constitución”, reiteró.

Consultado sobre los riesgos que acarrearía para el país un cambio en las reglas de juego económicas, Macera sostuvo que ese es un escenario que ya hemos vivido.

En esa línea, apuntó que controles como los que pretende implementar el Ministerio de Trabajo no solo afectan a los pocos formales sino que “al final, terminan con un Estado que desincentiva el crecimiento, promueve más informalidad y nos encamina a lo que en algún momento tuvimos en las décadas previas de los 70 u 80 y también a lo que están viviendo otros países de la región”.

“Si no queremos usar el caso de Venezuela, por trillado, podemos utilizar el caso de Argentina también. La experiencia propia y ajena apunta al mismo sitio y es que ese tipo de controles a las contrataciones, a la manera de tomar decisiones en las familias y las empresas, al final de cuentas uno puede venderlo de la manera más bien intencionada posible pero lo que termina es generando más pobreza, disminuyendo la inversión y generando desempleo; no hay ninguna ciencia, eso está bastante claro con experiencia local e internacional”, concluyó el economista.