Proyecto argentino sobre prisión preventiva enciende las alarmas

En diciembre, a solo 10 días de que el kirchnerista Alberto Fernández asumiera la presidencia de Argentina, cinco senadoras oficialistas presentaron un escandaloso proyecto de ley que busca eliminar la prisión preventiva de investigados por casos de corrupción. Una iniciativa que justo se presenta cuando la expresidenta Cristina Fernández ha vuelto al poder como vicepresidenta y senadora y pesan sobre ella varias investigaciones por corrupción.

El proyecto ha abierto la polémica y el debate en Argentina por pretender proteger a la vicepresidenta que se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía, así como a varios exfuncionarios de su gobierno y el de su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kichner. De aprobarse, la ley sacaría del camino esta medida restrictiva utilizada para que la Fiscalía continúe con sus investigaciones sin la obstaculización de los investigados.

El proyecto de ley S-3435-19 busca modificar el artículo 168 del Código Procesal Penal argentino y dispone que son nulas las prisiones preventivas en caso se determine la existencia de ciertos factores: Uno de ellos, la “publicación de contenidos por uno o más medios de comunicación masivos que podrían afectar la percepción pública respecto del principio de inocencia del afectado por la resolución”.

Es decir, si solo un medio de comunicación, como un diario, un canal de televisión o un portal web, cumpliera con su deber de informar sobre un caso que vincule a un político presuntamente corrupto, un juez dispondría el cese de la prisión preventiva y su libertad inmediata.

Otra causal que llevaría a la nulidad de la prisión, criticado por juristas argentinos y opositores, se configura cuando un funcionario del Poder Ejecutivo diga “expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público”.

Ello implicaría que si un periodista preguntara a una autoridad sobre un sonado caso de corrupción o declarara sobre ello en un evento público, el Poder Judicial decidiría la inmediata libertad del funcionario.

En los fundamentos del proyecto se indica que existen “manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos en relación a causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos”, lo cual ha transformado a varios juicios “en verdaderos linchamientos públicos”.

Asimismo, se asevera que la prisión preventiva es usada “constante e indebidamente” para fines de “persecución política y social” para inhabilitar a un adversario político. Un argumento que se da en Argentina, pero también lo hemos escuchado en el Perú. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué pasaría si un proyecto similar fuera impulsado en nuestro país para proteger a políticos corruptos?

El reelecto congresista Gino Costa (Partido Morado) manifestó a Perú21 que “sería fatal” que se promueva una norma de este tipo en nuestro país, pero “de ocurrir, habría una reacción muy fuerte y decidida de la opinión pública y medios de comunicación”.

Asimismo, descartó que políticos peruanos se presten a intereses de corruptos para eventualmente llegar al poder con ese apoyo en el 2021 y desde ahí promover normas para su impunidad.

Para el exprocurador anticorrupción Yván Montoya, el proyecto “es una aberración” y una forma de buscar la impunidad de los investigados por corrupción. Agregó que sería inviable su vigencia dado que “estaría prohibida por convenios internacionales de lucha contra la corrupción”.

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, comentó que de aprobarse eso en el Perú, sería como abandonar a la población a manos de la delincuencia. “La prisión preventiva tiene como fin asegurar al procesado en la investigación y que no la perturbe. Y por lo que sabemos de nuestra experiencia, las organizaciones criminales tienden a perturbar las indagaciones del Ministerio Público”.

El catedrático Luis Yshii indica que la vigencia de una norma que elimine la prisión preventiva implica “un retroceso inaceptable e inaudito en el proceso de lucha frontal contra la corrupción, no solo en el Perú sino en América Latina. Asimismo, supone una intromisión política a la administración de Justicia”.

Además, dijo que si el proyecto se convierte en ley sería una limitación a la investigación periodística. “Es una clara afectación al periodismo que ha destapado casos de corrupción en la región”, anotó.

- En el Perú, procesados por corrupción que están en prisión han emprendido una campaña contra esta restricción. Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori, ha enviado una carta al papa Francisco criticando “los abusos” de la medida.

- La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, dijo el 28 de enero que la prisión preventiva contra su clienta es “producto de la persecución”.

- El proyecto argentino pasó en enero a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Congreso de ese país.