El Poder Judicial del Perú dispuso que la Policía Nacional del Perú (PNP) no podrá utilizar caballos durante operativos de control de marchas y manifestaciones públicas.
La medida cautelar fue emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la solicitud presentada por el Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y la Biodiversidad (IPALEMA).
La candidata al Senado Cecilia García también fue incluida en el documento.
La resolución establece que el uso de caballos en escenarios de confrontación o disturbios representa un riesgo para los animales, quienes pueden resultar heridos o expuestos a situaciones de violencia durante intervenciones policiales.
La demanda presentada por IPALEMA cuestionaba el artículo 229.6 del reglamento institucional de la PNP, establecido en el Decreto Legislativo N.º 1267, el cual autorizaba la participación de la policía montada en operativos de control de multitudes.
No obstante, el conflicto legal no es reciente. En 2022, el Poder Judicial ya había dispuesto una suspensión parcial de esa disposición. Sin embargo, según denunció la organización demandante, la policía habría continuado utilizando caballos en diversos operativos vinculados a protestas sociales.
En 2025, IPALEMA presentó una nueva solicitud señalando que la institución policial no habría cumplido con la restricción judicial, lo que motivó la reciente resolución de la Sala Constitucional.
La decisión fue adoptada por mayoría. Los jueces superiores Tapia González y Ordoñez Alcántara —este último en calidad de ponente— votaron a favor de conceder la medida cautelar.
Por otro lado, el magistrado Cueva Chauca expresó su desacuerdo y emitió un voto en contra de la resolución, evidenciando que el tema genera distintas interpretaciones jurídicas dentro del propio sistema judicial.
Demanda presentada por IPALEMA
Uno de los pilares de la demanda presentada por IPALEMA se basa en el reconocimiento de que los animales poseen sensibilidad y capacidad de sufrir.
En su argumentación, la institución sostuvo que exponer caballos a escenarios de violencia colectiva, como enfrentamientos entre manifestantes y policías, constituye una forma de instrumentalización que vulnera su bienestar.
“La indiferencia frente al dolor animal no es neutral ni es silencio inocente: erosiona la calidad moral de quien la practica, pues hombre y animal comparten la misma trama vital y respiran dentro de un mismo tejido de vida”, sostiene el documento presentado ante el Poder Judicial.
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