Dentro de la concesión de la minera Poderosa, más de 400 mineros ilegales continúan operando en Pataz. Aunque el Gobierno levantó este jueves la restricción a la minería informal, aún no ha logrado retirar a estos mineros sin contrato.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, dio a conocer la nueva medida en conferencia de prensa tras acabar el Consejo de Ministros. La media de restricción se levanta el 8 de junio.
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, y el especialista en temas mineros Iván Arenas, en comunicación con Perú21, criticaron la debilidad del Estado, que cedió ante la presión social y reactivó la minería informal —o en proceso de formalización— sin resolver la presencia de este grupo ilegal.
Gálvez precisó que este grupo no puede ser catalogado como informal, pues ha invadido la concesión y ha abierto socavones para extraer el valioso oro, cuya onza se cotiza hoy en US$ 3,375.
Para el extitular de la SNMPE, el problema radica en la debilidad del Gobierno, que cedió ante el pedido del alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, y del Frente de Defensa de la provincia. La medida de levantar la restricción a la minería informal —implementada para combatir la ola de criminalidad en la zona— fue adoptada para evitar un paro indefinido.
“El Gobierno no tiene respuestas ni autoridad. El otro problema es que hablan de informales, pero ¿qué pasa con los ilegales?”, cuestionó Gálvez, recordando que más de 400 mineros informales operan en concesiones ajenas, como la de la minera Poderosa, “y en ese momento ya son ilegales”.
“Si me meto a tu casa sin permiso, soy un ilegal que está invadiendo tu propiedad, ¿no?”, añadió.
Asimismo, calificó como una amenaza la advertencia del Frente de Defensa de Pataz —integrado por mineros informales, ronderos y campesinos— y de los alcaldes de iniciar un paro indefinido si el Gobierno no levantaba la prohibición para seguir operando.
Gálvez advirtió también que el predictamen de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) busca ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) bajo un nuevo nombre: Renapmat, tal como reportó Perú21.
Sin embargo, considera que esta ley no será aprobada en la actual legislatura, que concluye a mediados de este mes, por lo que el Ejecutivo se verá obligado a ampliar el Reinfo hasta diciembre.
SOLO HAN INTERVENIDO 19 BOCATOMAS
El especialista en temas mineros Iván Arenas señaló que, dentro de la concesión de Poderosa, solo se han intervenido 19 bocatomas (socavones) durante los primeros 30 días del estado de emergencia, pese a que existen más de 400 —entre formales e ilegales— que siguen sin ser abordados.
Como se recuerda, el estado de emergencia ha sido ampliado por 60 días más. Aunque se prevén nuevos operativos, la crítica es que los mineros ilegales han seguido operando.
“Siempre han estado sacando producción porque los ilegales camuflan el mineral en el transporte. Lo que se había restringido era el transporte de concentrados de minería informal sin Reinfo vigente. Sin embargo, los ilegales han seguido operando, escondiendo su producción entre quienes sí tienen Reinfo”, explicó Arenas.
LEY MAPE NO SE APROBARÍA
Gálvez y Arenas coincidieron en que es poco probable que el predictamen de la Ley MAPE sea aprobado antes del fin de la legislatura.
No obstante, Gálvez planteó que el Congreso debería formar una comisión especial para debatir una nueva Ley MAPE, dado que la Comisión de Energía y Minas —presidida por Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial— ha presentado un predictamen con al menos ocho puntos altamente cuestionables, entre ellos la continuidad del Reinfo a través del Renapmat.
Por ahora, el debate fue suspendido el pasado martes y se encuentra en cuarto intermedio, sin nueva fecha definida.
LOS OCHO PUNTOS CRÍTICOS
(1) Renapmat por Reinfo. El predictamen propone reemplazar el Reinfo por el Renapmat, lo que permitiría la incorporación automática de mineros que hoy serían considerados ilegales. El nuevo registro no establece plazos máximos para cumplir requisitos legales ni técnicos, y acoge incluso a quienes han sido suspendidos del Reinfo. Bastaría presentar DNI, RUC y coordenadas georreferenciadas para inscribirse.
(2) Crea la minería tradicional y le da alcance hereditario. Introduce la figura de “minería tradicional”, basada en supuesta actividad histórica sin registros. Esta forma de minería, hereditaria y sin exigencias técnicas o ambientales, operaría sin límite de tiempo. La producción podría declararse por simple declaración jurada.
(3) Mantiene la impunidad para los mineros ilegales. Se propone eximir de responsabilidad penal a los inscritos en el Renapmat, incluyendo mineros ilegales, contraviniendo una sentencia del Tribunal Constitucional (STC 102/2025). También se otorga protección frente a desalojos e interdicciones.
(4) Crea la servidumbre minera. Se permitiría que mineros inscritos en Renapmat exploten recursos en concesiones ajenas sin autorización del titular, violando la Constitución. Esto implicaría una forma de expropiación encubierta.
(5) Reduce la caducidad del término de concesión. Se plantea reducir de 30 a 10 años el plazo para declarar la caducidad de una concesión, ignorando que un proyecto minero formal puede tomar hasta tres décadas en desarrollarse. También se amplía el procesamiento de minerales sin concesión de beneficio.
(6) Relaja los cuidados ambientales mínimos de la MAPE. Mineros tradicionales solo deberán presentar una declaración jurada ambiental. Los pequeños mineros ya no necesitarán que sus estudios ambientales sean elaborados por consultoras registradas, sino que bastará con la firma de un profesional.
(7) Facilita el comercio de minería ilegal con régimen tributario favorable. Las liquidaciones de compra serían válidas como comprobantes de pago, incluso sin RUC. Esto facilitaría el comercio de oro ilegal, promovería evasión fiscal y eliminaría trazabilidad.
(8) Flexibiliza el control del uso de explosivos. El predictamen encarga al Minem la elaboración de un reglamento especial sobre explosivos en la MAPE, fuera del marco de SUCAMEC. Esta medida pone en riesgo la seguridad y el control sobre insumos sensibles.
Aunque el debate se ha suspendido momentáneamente, el riesgo de que este predictamen sea aprobado en su forma actual persiste.
Para la SNMPE, su eventual promulgación no solo perpetuaría errores del pasado, sino que institucionalizaría la informalidad y debilitaría los pilares legales, ambientales y tributarios de una minería responsable en el Perú.
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