En 1988, Alberto Flores Galindo reseñó el libro "El otro sendero" (1986) de Hernando de Soto en un artículo titulado “Los caballos de los conquistadores, otra vez”. En su ensayo, el historiador criticó al economista por sus métodos de investigación y su discurso neoliberal. Desde su punto de vista, la informalidad no era una expresión del capitalismo popular sino la lucha de los pueblos y la resistencia social contra el Estado. Flores Galindo falleció en marzo de 1990. No pudo ver cómo los protagonistas de ese socialismo autogestionario votaban por Alberto Fujimori.
Casi 40 años después, seguimos instrumentalizando la informalidad para fines ideológicos. Esa izquierda que décadas atrás veía titoísmo y kibutz por todos lados hoy ve “mineros ancestrales” y “pequeños comerciantes”. Y no solo defiende la informalidad para fines ideológicos y pecuniarios, sino que incluso reclama que la formalización debe ser atractiva para el “pueblo minero”. Mágicamente, la oposición medioambientalista y feminista de las ONG ha desaparecido frente a la minería ilegal, a pesar de la explotación laboral, la trata de blancas, la contaminación y las fosas comunes. Sin embargo, esos nuevos cruzados de la informalidad le exigen a sus rivales políticos tener todos sus documentos, permisos e impuestos en regla. Como a Rafael López Aliaga, al que se le reclama de modo justo cumplir con los procedimientos formales de su tren. Formalidad que, sin embargo, no se le exige al ‘buen salvaje’ minero artesanal de pico y pala.
Es el doble rasero peruano otra vez, parafraseando al mariscal Oscar Benavides: para mis amigos, la informalidad. Para mis enemigos, la ley. O mejor dicho, la ‘tramitología’ y burocracia del Estado. O como dice una vieja salsa: es más fácil pedir perdón que pedir permiso.
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