El Poder Judicial dispuso archivar la imputación por el presunto delito de asociación ilícita contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros exfuncionarios investigados en el caso Gasoducto Sur Peruano, al considerar que dicho cargo no resulta aplicable bajo la normativa vigente.
La medida fue adoptada por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien declaró fundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exministro de Economía Luis Miguel Castilla. Los efectos de la resolución fueron extendidos también a los exministros Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, comprendidos en el mismo proceso.
De acuerdo con la resolución emitida el 3 de julio, el magistrado concluyó que el presunto delito base de colusión agravada no supera el umbral mínimo de pena exigido por la Ley N.° 32108 para sustentar una imputación por organización criminal o asociación ilícita. En ese sentido, aplicó el principio de retroactividad benigna previsto en la legislación penal.
Como consecuencia de esta decisión, el juzgado ordenó levantar las medidas cautelares personales que habían sido impuestas exclusivamente por este delito. Sin embargo, los investigados seguirán vinculados al proceso respecto de una eventual reparación civil que pudiera establecerse por los hechos materia de investigación.
AUDIENCIA CONTINÚA EL LUNES
El juez también programó para este lunes 6 de julio la reanudación de la audiencia de control de acusación, en la que se evaluarán nuevos pedidos de las defensas para que se archive el cargo de colusión agravada formulado por el Ministerio Público.
En este caso, la Fiscalía solicita 35 años de prisión para Ollanta Humala y Nadine Heredia, al atribuirles responsabilidad por los presuntos delitos de asociación ilícita y colusión agravada en relación con el proyecto Gasoducto Sur Peruano. La acusación también comprende a otras 21 personas, entre ellas exministros y exfuncionarios vinculados al proyecto.
Cabe recordar que Humala cumple actualmente una condena de 15 años de prisión por el caso de lavado de activos relacionado con los aportes ilícitos a sus campañas presidenciales, mientras que Nadine Heredia permanece en Brasil tras recibir asilo por parte de ese país.