El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz, descartó este jueves que el Gobierno evalúe otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo, al afirmar que ese tema no ha sido abordado dentro del Consejo de Ministros ni forma parte de la agenda del Ejecutivo.
“Ayer tuvimos consejo de ministros y en ningún caso se tocó el tema, no está en la agenda ni siquiera entre los rumores (…) A veces pareciera que se pone en la agenda del país. Al menos en términos formales dentro del Consejo no se habló de eso”, declaró el titular del sector al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de una gracia presidencial para el exmandatario.
Las declaraciones se producen en medio del renovado debate sobre la situación jurídica de Castillo, luego de que en los últimos días se conocieran diversas iniciativas y pronunciamientos relacionados con su permanencia en prisión. Sin embargo, Cruz fue enfático en señalar que el Ejecutivo no ha discutido el tema en ninguna de sus sesiones, según informa RPP.
El OECE, adscrito al MEF, nombró a servidor público que fue imputado de delitos de corrupción. La gestión entrante de Keiko Fujimori había requerido al gobierno de Balcázar que no realizara más designaciones.
El ministro también rechazó las versiones que señalan que su designación al frente del Ministerio de Trabajo respondería a un supuesto pago de favores políticos. En ese sentido, aseguró que su incorporación al Gabinete obedece exclusivamente a la confianza depositada por el Gobierno y afirmó que desempeñará sus funciones con responsabilidad y transparencia.
Las declaraciones de Flavio Cruz coinciden con la posición expresada previamente por otras autoridades del Ejecutivo. En mayo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, sostuvo que un eventual indulto para Pedro Castillo “nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”, mientras que el Ministerio de Justicia informó que en ese momento no existía ningún pedido de indulto en trámite.
El debate sobre una eventual liberación del exjefe de Estado se ha intensificado tras la difusión de un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que cuestionó la legalidad de su detención y recomendó su liberación. No obstante, el documento no tiene carácter vinculante para el Estado peruano y ha generado diversas interpretaciones en el ámbito político y jurídico.
Pedro Castillo cumple una condena por el delito de conspiración para la rebelión, derivada del intento de quiebre del orden constitucional ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la reorganización de diversas instituciones del Estado.
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