Mientras aquí la Cancillería no sabe con exactitud cuándo publicará el reglamento de la ley que fiscaliza a las ONG —plazo que incumple desde el pasado 14 de julio—, en Ecuador el Gobierno apura un proyecto de ley presentado ayer por el propio presidente Daniel Noboa ante la Asamblea Nacional con carácter de urgencia, que busca regular el funcionamiento de estas organizaciones y frenar posibles desvíos de fondos.
La ex jefa del Gabinete decidió poner fin a su medida de protesta tras llegar a un acuerdo con el INPE y ante la presión de sus familiares.
La norma, tal como la que camina a paso de tortuga en la Cancillería peruana, obliga a fundaciones y ONG a registrar sus actividades, rendir cuentas y transparentar el uso de sus fondos.
La llamada Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, además, obliga a las ONG y fundaciones a registrarse en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) si reciben fondos del extranjero.
Mediante esta iniciativa serán sujetos de control los fondos internacionales como donaciones sin justificar, cooperación externa y recursos con fines políticos encubiertos. La norma también establece, de manera general, que estas medidas no podrán ser utilizadas como instrumentos de persecución política ni como mecanismos para restringir de forma ilegítima la libertad de asociación.
El proyecto ecuatoriano se enfoca más en la prevención del lavado de activos y flujos ilícitos.
Noboa había adelantado la necesidad de regular el financiamiento de las ONG, denunciando que algunas sirven de fachada para actividades ilícitas.
El mandatario espera que la Asamblea Nacional, dominada ahora por Acción Democrática Nacional (ADN), movimiento que lo llevó al poder, acelere el proyecto.
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