Más de 100 investigaciones en curso en riesgo por culpa del Congreso

Son más de 100, asegura el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, que cuestionó la parte de la norma que cambia la calificación según la pena de la condena, y rechazó que los delitos cometidos, para ser considerados crimen organizado, tengan que ser los que se encuentren en la cadena productiva del país y que las sanciones sean mayores a seis años.

“Más de 100 investigaciones en etapa preliminar, en etapa preparatoria, y otras que están con acusación, en todo el país, definitivamente se van a caer porque no cumplen la cantidad mínima de años”, indicó el fiscal, advirtiendo que casos con delitos como la estafa agravada, de la que han sido y siguen siendo víctimas miles de peruanos y que la pena mínima es cuatro años, podrían verse afectados por la cantidad mínima de años que contempla una posible condena, y ya no encajaría como delito de organización criminal sino como delitos comunes.

“La norma está tan mal redactada que no define a qué pena se refiere, si a la pena máxima, si a la pena abstracta o la pena concreta. Cómo interpretamos eso de la pena mayor de seis años. Esto generará un grave conflicto de interpretación”, agregó Chávez Cotrina, uno de los primeros en oponerse a esta norma apenas aprobada en primera votación.

Así, casos como los ya constantes ataques criminales de la minería ilegal en la provincia de Pataz, el tráfico de combustible utilizado para abastecer a mineros ilegales y los ya comunes créditos ‘gota a gota’ –la actividad ilícita del Tren de Aragua— también se verían afectados si es que el gobierno de Dina Boluarte no observa esta ley.

El representante del Ministerio Público dijo a Perú21 que el cambio de esta norma afectaría, además, delitos como tráfico de terrenos, delitos monetarios, delitos contra el medioambiente, entre otros.

“Esperamos sin muchas esperanzas que la presidenta de la República la observe, pero más allá de eso, y como ya es costumbre del Congreso, la va a aprobar por insistencia”, adelantó Chávez Cotrina sobre esta indolencia en la gestión parlamentaria.

Dina Boluarte evitó ayer pronunciarse ante la prensa sobre la posición que tomará su gobierno respecto de esta norma, aduciendo que la autógrafa de ley aún no había llegado a Palacio. Sin embargo, esta habría llegado a la casa de gobierno muchas horas antes de la conferencia brindada por la mandataria, según reveló el programa Octavo Mandamiento.

El fiscal, además, reiteró su preocupación por lo que serán ahora los allanamientos tras aprobarse esta norma, señalando que su aplicación debilitará el factor sorpresa y la efectividad en la recolección de evidencias.

“Los cambios a la norma exigen un tema de carácter operativo casi imposible de cumplir, como que para que el allanamiento esté presente el abogado o el abogado de oficio. Pretenden convertir una diligencia de allanamiento, cuya naturaleza es el factor sorpresa, en un allanamiento de exhibición de documentos. Obviamente, si se convierte en ley tendremos que cumplir porque estamos en un Estado de derecho. Pero lo que están haciendo es atarnos de manos”, dijo.

En medio de las deficiencias y el riesgo que supone la aplicación de esta norma, Chávez Cotrina se mostró a favor de algunas especificaciones que se establecen en la nueva normativa sobre organizaciones criminales, como su operatividad y el rol de los integrantes.

El fiscal calificó como un “drama” que la norma excluya 59 tipos penales de los 91 existentes.

Con este dictamen impulsado por Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre y hermano del prófugo Vladimir, sentenciado por corrupción, la Fiscalía no podrá solicitar al Poder Judicial que bloqueen o inmovilicen las cuentas bancarias de los partidos políticos.