Son las joyas que brillan en lo más alto del Palacio Legislativo, no por su servicio público, sino por sus notorios líos penales que los han llevado a procesos, juicios y, finalmente, condenas. Pasaron de ocupar una curul a llenar las cárceles. Son los congresistas del periodo 2021-2026 que han sido condenados y que, con su historial, han ayudado significativamente a que el primer poder del Estado tenga un ínfimo 5% de aprobación ciudadana, según la encuesta de septiembre de Ipsos.
El último de los legisladores que han sido condenados por el Poder Judicial es Guillermo Bermejo. El 24 de octubre de 2025 recibió 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista, en su caso vinculado a Sendero Luminoso. La justicia determinó que Bermejo participó en campamentos de la organización en el Vraem en los años 2008-2009, se reunió con cabecillas terroristas y habría cumplido funciones de adoctrinamiento y enlace político-militar dentro de la estructura subversiva.
Bermejo está recluido en el penal de máxima seguridad Ancón I y, como consecuencia de la sentencia, quedó imposibilitado de participar en las elecciones presidenciales de abril de 2026 en las que era precandidato por la alianza Venceremos, que conforma su agrupación Voces del Pueblo junto con Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza.
Como se recuerda, Bermejo ingresó al Parlamento gracias a Perú Libre, agrupación que llevó a Pedro Castillo y, posteriormente, a Dina Boluarte al Palacio de Pizarro. Sin embargo, en diciembre de 2021 presentó su renuncia irrevocable a la bancada luego de que solo 15 de los 37 miembros de su grupo parlamentario apoyaran la moción de censura que él presentó contra la presidenta del Congreso de entonces, Maricarmen Alva. En el momento de su condena, era parte de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo.
Coronel (r) Max Ahuamán cuestionó que, si bien la operación permitió identificar a varios jóvenes que integraban la organización, el caso fue archivado por la Fiscalía, a pesar de las pruebas.
UNA VERGÜENZA
Pero el caso de Guillermo Bermejo no es el único. El 27 de diciembre de 2022, el congresista Wilmar Elera, por entonces parte de la bancada de Somos Perú, fue condenado por el delito de colusión agravada a seis años de cárcel.
La justicia confirmó que Elera, en su calidad de supervisor de una obra de mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado en Pacaipampa, Piura, se coludió con funcionarios y contratistas para favorecer irregularmente la ejecución del proyecto, ocasionando perjuicio económico al Estado. Elera fue expulsado del Congreso el 6 de septiembre de 2023, cuando era incluso tercer vicepresidente del Parlamento y, hasta la fecha, permanece prófugo de la justicia.
Otro indignante caso es el del excongresista Freddy Díaz Monago, quien ingresó al Congreso gracias a Alianza Para el Progreso (APP), partido de César Acuña. El 8 de agosto de 2024 fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de violación sexual agravada en agravio de una trabajadora de su despacho congresal. Luego, el 3 de julio de 2025, la Corte Suprema elevó la pena a 18 años de prisión efectiva. Díaz fue desaforado del Congreso en enero de 2023 y viene cumpliendo su condena en el penal de Lurigancho desde febrero de ese año.
Del mismo modo, el congresista Luis Picón, del partido Podemos Perú de propiedad de José Luna Gálvez, también fue condenado. El 4 de junio de 2024, el Poder Judicial dictó en su contra cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, al establecer que, cuando era presidente regional de Huánuco, favoreció indebidamente la contratación de un consorcio para supervisar una obra.
Por otro proceso judicial, el 17 de octubre de 2023 fue detenido en los exteriores del mismo Palacio Legislativo cuando agentes de la Policía lo interceptaron con una orden de captura por delito contra la administración pública. Sin embargo, al día siguiente fue excarcelado por un fallo del Cuarto Juzgado Unipersonal Supraprovincial de Huánuco. Actualmente, sigue siendo congresista a pesar de su condena.
Dos congresistas más han sido sentenciados. Estos son Darwin Espinoza y Raúl Doroteo, ambos de Acción Popular. Espinoza fue condenado el 6 de agosto de 2022 por el delito de difamación agravada contra el excongresista Otto Guibovich al publicar una imagen con el cuerpo de una rata y su rostro. Su sentencia implica reglas de conducta y el pago de una reparación civil de S/20,000.
En tanto, Doroteo fue hallado culpable el 14 de noviembre de 2022 por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, por haber consignado ser egresado de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) cuando, en realidad, solo había cursado dos ciclos. Sobre él recae una pena de cuatro años de prisión suspendida.
Mediante un comunicado, el grupo de trabajo confirmó el inicio del proceso contra la parlamentaria que utilizaba a sus asesores como empleados domésticos.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
¿Cómo evitar que tengamos congresistas de este nivel en el próximo Parlamento? El presidente de Transparencia, Álvaro Henzler, dijo a Perú21 que hay una “responsabilidad compartida”. Por un lado, sostuvo, los partidos “no tienen los suficientes sistemas para filtrar a aquellas personas que no cumplen con un mínimo perfil ético”. Por el otro, añadió, también hay responsabilidad de “los diferentes Congresos que han hecho cambios a las legislaciones de las democracias internas de los partidos, que no permiten una oferta más amplia y decente”, y, finalmente, de la ciudadanía que, en gran porcentaje, decide su voto a último momento sin verificar los antecedentes y hojas de vida.
Henzler indicó que el 80% de los candidatos de los partidos políticos a cargos públicos en abril de 2026 ya se han definido ayer, 31 de octubre, pero existe un 20% de candidatos invitados que aún no se designan, por lo que instó a los partidos a ser responsables y escudriñar los perfiles de sus postulantes.
“Así como evaluamos qué celular comprar o a qué universidad llevar a nuestros hijos, todos los peruanos deberíamos dedicar tiempo a investigar a los candidatos”, enfatizó.
Mencionó que existen tres herramientas fundamentales para conocer a los candidatos. La primera es del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que está trabajando para mejorar la información haciendo un convenio con el Poder Judicial. La segunda es de Transparencia, en consorcio con IPAE, IPYS, Empresarios por la Integridad y Proética, de nombre “Revisa tu candidato”, que utiliza “20 bases de datos públicas del país”, cuya primera etapa está pensada en facilitar la filtración a los partidos políticos.
Henzler dijo que 11 partidos han suscrito un convenio con Transparencia para este fin. En la segunda etapa de la iniciativa, la plataforma será puesta al servicio de la ciudadanía. “De un lado vemos que hay partidos que se interesan en usar esta herramienta. Vemos voluntad de hacer mejor las cosas y hay muchos precandidatos que dicen no querer personas con antecedentes. A ellos los invitamos a pasar de la palabra a la acción porque, después, vemos el actuar de la Comisión de Ética del Congreso y es lamentable ver cómo claramente van en contra de la ética y del bien común, apañando conductas de diferentes congresistas. Eso es muy dañino para la democracia”.
Por último, sostuvo que la tercera herramienta es el periodismo de investigación. “Tenemos que estar atentos a los financiamientos ilegales; no existe data pública de ello”, alertó.
Depende de nosotros sancionar con nuestro voto a los partidos que postularon personajes que después fueron condenados y, sobre todo, es nuestra responsabilidad elegir mejor en las próximas elecciones.
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