La corrupción generó pérdidas por S/24 mil millones al Estado en 2023

Según la Contraloría General de la República, malos funcionarios públicos de todos los niveles del Estado cometieron actos de corrupción que valieron una pérdida de más de 24 mil millones de soles en el año 2023. Este monto significó una incidencia, en promedio, del 12.7% del total del presupuesto ejecutado el año pasado por las entidades públicas del país.

Además, informó que 9,338 funcionarios públicos de gobiernos locales, regionales y nacional tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares. El contralor Nelson Shack indicó que las cifras están relacionadas con el manejo de fondos públicos en sectores del Estado. “La Contraloría está detectando estos casos y luego viene el encausamiento de procesos de denuncia penal, civil o imputaciones de responsabilidades administrativas”, manifestó durante la presentación de los resultados.

Tal como podemos apreciar en el cuadro que acompaña esta nota, el ranking del perjuicio por actos de corrupción por territorio (regiones) en 2023 está encabezado por Lima Metropolitana, con una afectación de más de 7 mil millones de soles. En la lista negra, le siguen Piura, Cusco, Áncash, Callao y La Libertad, todos con más de mil millones de soles de agravio.

¿De dónde viene el dinero que el Estado usa para el gasto público? En primer lugar, de los impuestos que todos los peruanos pagamos, las contribuciones al sistema de salud, entre otros. Es decir, malos funcionarios del Estado meten la mano en el bolsillo de los mismos peruanos que aportamos para vivir en un mejor país.

Las pérdidas generadas por la corrupción en 2023 son equivalentes a la inversión que necesita el Perú para financiar todo el proyecto para la construcción de las cinco líneas del Metro de Lima que están planificadas, según fuentes del órgano contralor.

Con ese dinero, se podrían realizar obras de mejoramiento en colegios. Dependiendo de la región donde estén ubicados, estos trabajos tienen un valor de entre 3 y 15 millones de soles. En promedio, 10 millones de soles cuesta hacer un plan integral de mejoramiento de infraestructura escolar. Si tomamos Piura como ejemplo, con el perjuicio generado por la corrupción se podrían construir 150 escuelas.

En cuanto a salud, construir hospitales de tercer o segundo nivel tiene un costo mayor, que llega a los 100 millones de soles, pero con el perjuicio originado por la corrupción sí se podrían hacer varios arreglos a los centros de salud que no se encuentran en óptimas condiciones. Volviendo al ejemplo de Piura, región azotada por las desventuras climáticas, con inundaciones, lluvias y carente de acciones de reconstrucción, allí se hubiesen podido erigir en promedio 15 centros de salud.

Muchos de los casos reportados por la Contraloría comprenden contrataciones que, según Shack, “se hicieron a dedo. Se gastaron más de S/19,300 millones en 3.7 millones de contrataciones menores a 8 UIT. Es una barbaridad”.

Al comentar estos indicadores, Shack informó que la incidencia de la corrupción en el Estado ha caído desde 2019, cuando la Contraloría realizó la primera medición de este tipo. En aquel año, la incidencia de la corrupción con relación al presupuesto público alcanzaba 14.9% y “se perdían 3 puntos del PBI”. “Hay una tendencia decreciente indiscutible, pero la velocidad es muy reducida”, lamentó.

Con el fin de reducir más la corrupción en las entidades del aparato estatal, la Contraloría pretende ejecutar 50 operativos de control este 2024. La acción más próxima está enfocada en seguridad ciudadana, en articulación con el Ministerio del Interior y las escuelas de la Policía. Muy cerca, se realizará en un operativo para verificar que se cumpla con la normativa sobre el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.

También se prevé realizar un megaoperativo sobre el buen inicio del año escolar, así como en el ingreso a nueve espacios culturales a propósito de la polémica en torno a la venta virtual de boletos para acceder a Machu Picchu.

Inversiones. Del perjuicio total en 2023, el mayor daño se registró en las inversiones del Estado, con una incidencia de 17.5%, alcanzando los S/8,963 millones comprometidos.

Más perjuicio. Le sigue el agravio ocasionado en temas de abastecimiento, con 17.2%, llegando a los S/8,836 millones en pérdida; y el ocasionado en recursos humanos y otras áreas, con 7.3% y S/6,469 millones gastados.