La conformación del próximo Congreso bicameral ha dejado un escenario inédito en la política peruana. el Partido Cívico Obras, liderado por Ricardo Belmont, y el Partido del Buen Gobierno, encabezado por Jorge Nieto, lograron superar la valla electoral y obtener escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ambas agrupaciones se encuentran hoy al borde de perder su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La paradoja radica en que los dos partidos no habrían cumplido con el requisito legal de presentar un número mínimo de candidaturas para las elecciones regionales y municipales de este año. Así las cosas, Perú podría tener organizaciones con bancadas en el Congreso, pero sin personería jurídica vigente.
El caso ha abierto un intenso debate. La legislación electoral actual premia con escaños a las agrupaciones que obtienen respaldo ciudadano a nivel nacional, pero castiga a esas mismas organizaciones si incumplen requisitos de participación subnacional. Una evidente contradicción normativa que tendrá que dilucidar el propio JNE.
DISCUSIÓN ABIERTA
Al respecto, el especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos señaló que sería importante que ese pronunciamiento del máximo ente electoral se produzca antes de que se active formalmente el proceso de cancelación de estos dos partidos políticos.
“A partir del primer día hábil de enero, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) evaluará qué agrupaciones no cumplieron con los requisitos y les aplicará la cancelación. Luego podrán apelar y finalmente el JNE tendrá que resolver”, explicó a Perú21.
¿Existe alguna forma para que conserven su inscripción? Una de las alternativas para evitar ese escenario fue planteada por el abogado electoral José Tello, quien considera que el JNE podría interpretar que la participación en las elecciones primarias también satisface el requisito de participación política exigido por la ley.
“La única solución que hay a la vista radica en que el JNE interprete la inscripción de candidaturas para elecciones primarias. Si el propio Jurado ya ha reconocido efectos jurídicos a las precandidaturas en normas recientes, como el reglamento sobre dádivas para las elecciones regionales y municipales y el reglamento de publicidad estatal, donde las restricciones y obligaciones empiezan a aplicarse desde la etapa de precandidaturas, entonces también podría entenderse que existe participación política desde ese momento”, sostuvo.
Tello afirmó que el máximo organismo electoral tiene competencias suficientes para realizar dicha interpretación. “El JNE está facultado para interpretar la norma. En materia electoral cumple una función similar a la de un tribunal constitucional”, señaló a este diario.
No obstante, Villalobos consideró que esa salida jurídica no es viable, ya que “la norma se refiere a participar en las elecciones regionales y municipales, no en las primarias”.
Además, agregó que la regulación también debería contemplar un mínimo de candidaturas distritales. “Creo que la participación debería exigirse no solo en una mayor cantidad de regiones, sino también en elecciones distritales. La ley no obliga a participar en distritos y eso demuestra que todavía hay aspectos por corregir”, comentó.
¿Y EL FINANCIAMIENTO?
Otro punto que genera incertidumbre es el acceso al financiamiento público directo que corresponde a las agrupaciones con representación parlamentaria.
Tello explicó que, si finalmente pierden la personería jurídica, Obras y el Partido del Buen Gobierno no podrían acceder a esos recursos. “El financiamiento público directo se entrega desde el primer día hábil de funcionamiento del Congreso. Si pierden la inscripción, no podrían recibirlo”, indicó.
Según detalló, el Partido del Buen Gobierno tendría derecho a aproximadamente 36 millones de soles y Obras a cerca de 32 millones de soles durante el próximo quinquenio.
Villalobos, por su parte, dijo que ambas agrupaciones “podrían recibir financiamiento durante el segundo semestre de 2026, pero si en enero de 2027 se concreta la cancelación de su inscripción, dejarían de percibir esos recursos”.
El escenario está abierto y las interpretaciones a la orden del día. Será el JNE quien tendrá la última palabra.