Buscan frenar su aplicación. El Instituto de Defensa Legal (IDL) presentó una demanda de amparo contra la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el Congreso por la ley que fiscaliza a las ONG.
Aunque la Ley APCI, más conocida como la ley que regula a las ONG, aún no puede aplicarse porque falta su reglamentación, IDL considera que la norma es inconstitucional y busca impedir su eventual entrada en vigor.
Congresistas Aguinaga, Montoya y Cueto rechazan posición de la CIDH que pide la derogación.
La acción de amparo fue formalizada el mes pasado, según confirmó a Perú21 el abogado de IDL, Carlos Rivera. No obstante, aún está pendiente su admisión por parte del Poder Judicial.
“Varias disposiciones de la ley son estrictamente inconstitucionales, y eso no lo corrige ningún reglamento. Al estar vigente, constituye una amenaza cierta e inminente contra nuestros derechos”, advirtió Rivera, quien también es director y presidente de IDL.
Esta es la demanda de amparo que presentó el IDL contra la ley que fiscaliza a las ONG.
PRESIÓN PARA REGLAMENTACIÓN
Como informó Perú21 el pasado 15 de mayo, el plazo para reglamentar la ley vence recién en dos meses, es decir el 15 de julio. Sin embargo, desde el Congreso ya hay voces que exigen acelerar este proceso, en paralelo al amparo presentado por IDL.
Los congresistas Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia) coincidieron —en esa fecha— en que el Ejecutivo debe publicar el reglamento cuanto antes. “Todo se ha demorado con las ONG: el debate, la aprobación y ahora el reglamento”, reclamó Montoya.
INTERFERENCIA DE LA CIDH
A comienzos de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado peruano derogar la Ley APCI, alegando que vulnera la libertad de expresión, de asociación y el acceso a la justicia.
Uno de los puntos más cuestionados por la CIDH es el que exige autorización previa para que las ONG ejecuten proyectos financiados con cooperación internacional. Ante esta postura, Montoya sugirió que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso cite al canciller Elmer Schialer para conocer la respuesta oficial del Ejecutivo, aunque hasta el momento no se ha concretado.
“El pronunciamiento de la CIDH es una interferencia insolente. Aún somos un país libre”, sostuvo Montoya.
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