A través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, el Ministerio Público ha tramitado ante el Congreso de la República una solicitud para que se reconsidere la decisión de la Comisión Permanente del Legislativo de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta de la República Dina Boluarte por el caso Rolex.
El Congreso aprobó la Ley N° 32351, que modifica la Ley 30364, y obliga a los medios de comunicación a incluir contenidos educativos contra la violencia familiar y garantizar un tratamiento respetuoso de las víctimas.
De acuerdo a la solicitud, hubo "graves vicios procesales incurridos en su trámite", por lo que "se solicita la nulidad de todo lo actuado en sede parlamentaria y se disponga diferir el procedimiento parlamentario hasta que cese la inmunidad presidencial, a efectos de garantizar una actuación parlamentaria ajustada a Derecho".
La mandataria, se recuerda, es investigada por la Fiscalía de la Nación actualmente como presunta autora de la comisión del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
Según la Fiscalía, "existen vicios procesales en el procedimiento parlamentario" que se siguió y que, sostiene, "generan un precedente de inseguridad jurídica incompatible con el Estado de Derecho, por cuanto la decisión de archivar la denuncia constitucional bajo el argumento de que los hechos imputados no se enmarcan en el artículo 117 de la Constitución y que, por tanto, formular acusación contra la presidenta en funciones vulneraría el principio de legalidad, constituye una conclusión jurídicamente insostenible si se toma en cuenta que dicho proceso fue admitido, calificado, investigado y debatido por el propio Congreso, a través de sus órganos competentes, sin cuestionar desde un inicio la supuesta incompetencia constitucional".
Bajo esa premisa, agrega la institución que para el archivamiento de la denuncia se aplicó arbitrariamente el principio de legalidad. "Si el artículo 117 impedía continuar con la acusación, el trámite parlamentario debió suspenderse desde un inicio. Sin embargo, se sustanció todo el procedimiento y recién al final se invocó dicho artículo, generando un doble estándar. Esta inconsistencia fue advertida oportunamente por el Ministerio Público en la sesión del 18 de marzo de 2025, sin que se resolviera nuestro cuestionamiento", argumentó.
Como se recuerda, la semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, por mayoría, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba el archivo de la denuncia constitucional contra la jefa de Estado que en mayo del año pasado presentó el entonces fiscal de la Nación Juan Carlos Villena.
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