El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria y el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, por su presunta participación en el delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.
En un oficio remitido al titular del sector, Carlos Alberto Malaver, Delia Espinoza deja constancia de que ha enviado hasta seis oficios anteriormente con ese fin pero no ha recibido respuesta.
Según el comunicado, la denuncia fue formulada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Ambos magistrados habrían recibido promesas de ventaja de parte de la exfiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, con el objetivo de beneficiar investigaciones judiciales en curso.
"A Checkley Soria se le atribuye aceptar la promesa de ventaja ofrecida por la exfiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, que consistió en archivar la investigación seguida en su contra", indica el comunicado.
El archivo de dicha investigación habría sido solicitado a cambio de que el fiscal Terán Dianderas declarara fundado el sobreseimiento de las imputaciones contra Emma Benavides Vargas, hermana de la exfiscal. Asimismo, se detalla que la audiencia fue programada "en una fecha oportuna para los intereses de esta", en referencia a Patricia Benavides.
Foto: Ministerio Público
Por su parte, a Helder Uriel Terán Dianderas se le acusa de aceptar una promesa similar por parte de la exfiscal, con la finalidad de conservar su cargo. A cambio, habría favorecido la permanencia de la investigación contra Checkley Soria en calidad de provisional.
"Se le atribuye aceptar la promesa de ventaja realizada por la exfiscal de la Nación [...] a cambio de que mantenga en trámite la investigación seguida contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria", señala la Fiscalía.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre fines de agosto de 2022 y noviembre de 2023. Durante este tiempo, Terán Dianderas habría ordenado la ampliación de la investigación preliminar y de los actos de indagación, incluso después de vencido el plazo legal para su realización.
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