Un nuevo escándalo sacude el escenario político peruano. La congresista de Podemos Perú, Francis Jhasmina Paredes Castro, ha sido señalada por el Ministerio Público como la presunta líder de una organización criminal que habría operado dentro del aparato estatal para obtener beneficios económicos ilícitos mediante actos de corrupción.
Fiscalía y Policía allanan 10 inmuebles en Lima y Ucayali en un caso que involucra presunta venta de cargos públicos y direccionamiento de servicios de vuelos médicos por más de S/ 20 millones.
Según un documento del Poder Judicial del Perú, al que tuvo acceso Perú21, la parlamentaria sería la cabeza de una red criminal de “jerarquía estándar-tipología 1”, conformada por al menos seis integrantes, entre ellos Iván García Rodríguez, Javier Antonio Barbarán Pérez, Lucas Renato Borjas Roa, Vidal Rosas Malqui y Rosa Paredes Castro, quien habría cumplido el rol de captadora.
¿De qué se le acusa a la congresista?
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la presunta organización criminal se habría dedicado a planificar y ejecutar, de manera concertada, diversos actos ilícitos relacionados con corrupción de funcionarios, entre ellos tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada.
El objetivo, según las investigaciones, habría sido obtener ganancias económicas indebidas mediante la manipulación de cargos públicos y decisiones administrativas en entidades descentralizadas del Poder Ejecutivo, con especial incidencia en la región Ucayali.
El documento judicial también señala que las actividades de la presunta red criminal se habrían iniciado el 29 de julio de 2021 y continuarían vigentes hasta la actualidad, lo que refuerza la hipótesis fiscal de una estructura organizada y sostenida en el tiempo.
Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista de Podemos Perú.
Uno de los puntos más delicados de la investigación es una supuesta reunión sostenida ese mismo día en Palacio de Gobierno con el entonces presidente Pedro Castillo.
Según la información revelada, en dicho encuentro habrían participado integrantes del denominado “Bloque Magisterial”, quienes, junto a la congresista, habrían acordado manejar oficinas públicas descentralizadas a cambio de respaldo político frente a eventuales procesos de censura ministerial o intentos de vacancia presidencial.
HECHO 1: Pagos ilícitos en el INPE
Uno de los hechos más graves detallados en la investigación involucra el presunto cobro de 25 mil soles para influir en la designación de un cargo en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Ucayali. El dinero habría sido gestionado a partir de la solicitud de Rodolfo Bardales Piña, quien buscaba la designación de Edgar Vilcapaza Arias.
Edgar Vilcapaza Arias
Los montos fueron depositados en dos partes a la cuenta de Maura Emilia Porras Huamán, allegada a la congresista, quien posteriormente habría entregado el dinero a un colaborador cercano de Paredes Castro. Sin embargo, el nombramiento no se concretó, lo que generó reclamos y la ruptura de comunicación entre los involucrados.
Maura Emilia Porras Huamán, allegada a la congresista Francis Paredes.
HECHO 2: Influencias en el sector Cultura
Otro episodio descrito por la Fiscalía apunta a la designación de Elvis Luna Manihuari como director desconcentrado de Cultura en Ucayali. Según la investigación, su nombramiento habría estado condicionado a favorecer intereses políticos de la congresista, incluyendo contrataciones y manejo de proyectos de inversión pública.
Elvis Luna Manihuari, director desconcentrado de Cultura en Ucayali. (Foto: Facebook)
Luna habría asumido el cargo en abril de 2022 mediante resolución firmada por el entonces ministro de Cultura, Alejandro Salas. No obstante, su gestión estuvo marcada por tensiones internas y desacuerdos con Paredes, lo que derivó en su renuncia en junio del mismo año.
HECHO 3: Control de EsSalud en Ucayali
La investigación también revela un presunto esquema de control en la Red Asistencial Ucayali de EsSalud. Según el documento, la congresista, junto a Iván García Rodríguez y Javier Antonio Barbarán Pérez, habría impulsado la designación de Lucas Renato Borjas Roa como director de la entidad en febrero de 2022.
Lucas Renato Borjas Roa, director de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud en febrero de 2022.
Una vez en el cargo, Borjas Roa habría permitido el ingreso de personas vinculadas al entorno de la parlamentaria en áreas estratégicas como logística, finanzas y almacén. Entre ellos, destaca Vidal Rosas Malqui, quien habría asumido funciones clave en logística.
Estas posiciones habrían permitido direccionar contrataciones y adjudicaciones hacia proveedores afines, generando presuntos beneficios económicos indebidos. Además, el documento menciona la participación de Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista, quien habría cumplido funciones informales dentro de la entidad.
Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista de Podemos.
Incluso, se señala que se habrían otorgado beneficios irregulares en servicios de salud a personas del entorno familiar de la parlamentaria, evidenciando un presunto uso indebido de recursos públicos.
HECHO 4: Contratos direccionados y millonarias ganancias
El cuarto hecho describe con mayor detalle el presunto mecanismo de generación de ganancias ilícitas a través del direccionamiento de contrataciones públicas dentro de EsSalud en Ucayali.
Según la Fiscalía, la organización no solo colocaba funcionarios, sino que operaba un sistema estructurado para captar proveedores interesados en contratos con el Estado. Estos eran contactados directa o indirectamente y se les ofrecía asegurar la buena pro a cambio de pagos ilícitos previamente pactados.
El rol de Iván García Rodríguez habría sido clave en la logística y financiamiento inicial, mientras que Javier Antonio Barbarán Pérez —conocido como “Pelacho”— participaba en coordinaciones y acercamientos. En tanto, Lucas Renato Borjas Roa, desde la dirección de la Red Asistencial, y Vidal Rosas Malqui, desde logística, habrían ejecutado el control operativo de los procesos.
El esquema incluía la manipulación de términos de referencia, selección de proveedores previamente acordados y validación de procesos administrativos para garantizar que las empresas vinculadas resultaran ganadoras.
Uno de los contratos más significativos fue el servicio de transporte aéreo y ambulancias, valorizado en aproximadamente 20 millones de soles. De este monto, la organización habría obtenido cerca de 2 millones de soles como comisión ilícita, equivalente al 10% del total.
Asimismo, se identificó el direccionamiento de servicios de mantenimiento a favor del empresario Jean Dante Flores Guerra, quien habría entregado 70 mil soles como parte del acuerdo irregular.
En el marco de las contrataciones públicas de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, Percy Enrique Tena Aguilar aparece como representante de las empresas proveedoras que resultaron beneficiadas con la adjudicación de importantes contratos vinculados al servicio de transporte aéreo y traslado de pacientes. En particular, representó al Consorcio Majoro Fénix S.A. y a Air Majoro S.A., los cuales obtuvieron contratos por varios millones de soles en diciembre de 2022.
Las entregas de dinero se realizaban en efectivo y en distintas ciudades como Lima, Pucallpa y Piura, utilizando intermediarios y coordinaciones a través de aplicaciones de mensajería. Parte de estos fondos, según la investigación, se destinó a la compra de bienes para ocultar el origen del dinero, incluyendo una camioneta Toyota Hilux 2023 registrada a nombre de terceros.
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