En un contexto marcado por el incremento de la violencia y el crimen organizado, el Gobierno peruano dispuso la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo adicional de 30 días, medida que entrará en vigencia a partir del 30 de marzo.
La decisión busca contener el avance de la delincuencia que en los últimos meses ha generado alarma entre la población.
El reciente nombramiento de una mujer como máxima autoridad eclesiástica vuelve a poner el foco a una institución nacida de la controversia política, el rechazo a la ortodoxia religiosa de su época y las decisiones monárquicas heredadas.
La disposición fue oficializada mediante Decretos Supremos que advierten que el país enfrenta “un grave incremento de la violencia y la criminalidad”, situación que, según el Ejecutivo, exige mantener y reforzar medidas extraordinarias con una intervención articulada del Estado.
Como parte de esta estrategia, se ratificó la participación de la Policía Nacional del Perú en el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas del Perú. Este despliegue conjunto busca fortalecer la presencia de seguridad en zonas críticas y responder de manera más rápida ante hechos delictivos.
Pero la medida no se limita a la capital. En el norte del país, el Gobierno también declaró en estado de emergencia la provincia de Zarumilla, tras registrarse un preocupante incremento de actividades criminales en esta jurisdicción fronteriza. La decisión responde a reportes que evidencian el crecimiento de delitos como homicidios, sicariato y extorsión.
De acuerdo con el documento oficial, la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao fue recomendada por la Comandancia General de la Policía Nacional, que alertó sobre la persistencia de redes delictivas y la necesidad de sostener las acciones de control para evitar un mayor deterioro de la seguridad ciudadana.
Asimismo, se establecieron disposiciones específicas respecto a la realización de actividades públicas. Eventos religiosos, culturales o de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, quienes evaluarán las condiciones de seguridad antes de otorgar los permisos correspondientes.
Otro punto clave del decreto es la obligación de la Policía Nacional del Perú de presentar un informe detallado cinco días después de finalizado el periodo de emergencia. Este documento deberá incluir las acciones ejecutadas, así como los resultados obtenidos durante la implementación de la medida, y será remitido al titular del Ministerio del Interior del Perú.
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