La Comisión de Justicia del Congreso de la República dejó en compás de espera el debate y eventual aprobación del predictamen que modifica el artículo 164 del Código Penal con el propósito de sancionar la publicación de comunicaciones privadas si no constituyen información de interés público; medida que podría convertirse en un escollo para la investigación periodística.
José Jerí cuestionó que se ordene inaplicar leyes aprobadas por el Parlamento.
De acuerdo al documento, elaborado a partir de un proyecto de ley del congresista José Luis Elías Ávalos, de Alianza para el Progreso (APP), "el que publica, indebidamente, una correspondencia epistolar, telegráfica, de mensajería instantánea o correo electrónico, no destinada a la publicidad, y sin que medie el interés público aunque le haya sido dirigida, será reprimido si el hecho causa algún perjuicio a otro, con sesenta a ciento veinte días-multa”.
Esta precisión sobre el interés público, empero, no fue considerada en el predictamen que puso a debate el titular de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, quien en una cerrada defensa de la propuesta, la justificó, indicando que el Código Penal ha quedado desfasado frente a la realidad actual, toda vez que solo contempla la protección de la correspondencia epistolar y telegráfica omitiendo que en la realidad hay comunicaciones por otros medios electrónicos y aplicaciones.
"Ese vacío genera inseguridad jurídica y deja sin tutela penal a ciudadanos cuyos mensajes privadas son difundidos sin autorización. Lo que se busca es actualizar la protección penal al secreto y la intimidad de las comunicaciones incorporando nuevos soportes y medios tecnológicos, equilibrar los derechos constitucionales garantizando el derecho a la intimidad y respetando la libertad de expresión...", alegó, al tiempo de asegurar que no se busca "criminalizar la labor periodística".
En el curso de un breve debate, sin embargo, el congresista Jorge Morante advirtió que "debería considerarse que son válidas las publicaciones cuando tienen interés público o evidencia de la comisión de algún tipo de ilícito", precisión que estaba contemplada en el proyecto original y que, como mencionamos líneas arriba, fue omitida inicialmente en el predictamen.
Una observación similar fue formulada por el legislador Roberto Sánchez, quien llamó la atención sobre esta omisión. "Los funcionarios públicos estamos sujetos al escrutinio público y es importante que se mantenga la frase; con ello evitamos criminalizar la labor de la prensa. Estos últimos años muchos casos de corrupción se han difundido por la prensa (...) que proporciona acceso a información veraz, es vigilante del poder y asegura la transparencia en la rendición de cuentas", subrayó.
Luego de estos comentarios, y tras un breve receso, se introdujo en el texto la precisión. Pese a ello, la parlamentaria Gladys Echaíz puntualizó la necesidad de que la norma esté de acuerdo a la Constitución y manifestó que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas al tema que deberían ser tomadas en cuenta antes de la aprobación del dictamen. Frente a ello, Cruz se vio obligado a postergar su discusión que, dijo, continuará la próxima semana.
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