Embajadores peruanos advierten amenaza a la soberanía nacional

A continuación se reproduce el documento:

Una clara amenaza se aproxima desde el exterior sobre la soberanía, independencia y seguridad nacional. El 20 y 21 de diciembre se realizará en el Cusco una reunión de Runasur, convocada por el exmandatario boliviano Evo Morales Ayma, quien se propone desmembrar al Perú otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una “nación aymara” como extensión territorial boliviana.

Para ejecutar su proyecto, Morales es explícito en su desafiante convocatoria. Presenta un “Decálogo de Runasur”: fundar una “América Plurinacional”, a semejanza de la denominación que aplicó en Bolivia. Señala que sus actores serán pueblos indígenas, obreros, profesores, campesinos y académicos escogidos con la misión de capturar el poder. Para ello, deberán “liberar a los pueblos de América mediante políticas anticapitalistas, anticolonialistas y antiimperialistas”, permitiendo la recuperación de “los principios milenarios de la vida”. Añade que Runasur será una “entidad plurinacional que trascienda a los estados”. Su sede central será Cochabamba.

Obviamente se trata de un vasto proyecto geopolítico transnacional para dejar de lado a los estados, su respectiva soberanía e independencia y, desde luego, los regímenes democráticos existentes. En el caso del Perú el peligro es mayor, por los propósitos de Morales enunciados más arriba. Por ello la sola convocatoria a la reunión del Cusco constituye una intromisión e injerencia inaceptables y que viola las normas fundamentales de las cartas de las Naciones Unidas y de la OEA.

El Presidente de la República como Jefe del Estado personifica a la nación, que somos todos los peruanos. Es su deber defender la soberanía nacional; proteger la seguridad de la población; asegurar que el territorio sea inalienable e inviolable; comandar legítimamente las Fuerzas Armadas que deben garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial. No puede permitir y menos apoyar políticos extranjeros para realizar eventos que agreden nuestra independencia, soberanía y dignidad; propician la división entre peruanos y buscan la destrucción del Estado de Derecho.

Las autoridades elegidas están obligadas constitucionalmente a adoptar inequívocas medidas que impidan tan ofensiva, no autorizada y perniciosa reunión.