La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que solicitará un deslinde de responsabilidades a diez funcionarios y servidores públicos, que fueron señalados por la Contraloría General de la República de cometer presuntas irregularidades durante las Elecciones 2026, que habrían afectado el derecho al sufragio de miles de electores.
"La Gerencia General de la ONPE ha encargado a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que, de acuerdo a sus competencias y a las normas que regulan la materia, solicite a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el informe de control el deslinde de sus presuntas responsabilidades”, anunció el ente electoral.
Informa de Contraloría revela favorecimiento indebido al proveedor del servicio de transporte y la afectación al derecho de sufragio de 55 261 electores
El Informe de Control Específico, número °85362026-CG/JUSPE-SCE, se refiere a los problemas presentados en los comicios del 12 de abril, en Lima, cuando diversos locales de votación recibieron el material electoral horas después de la prevista para la apertura de las mesas, y, en tres locales, el derecho a elegir se postergó para el día siguiente.
Según la institución fiscalizadora, dichas irregularidades afectaron el derecho a sufragio de 55.261 electores debido a una serie de situaciones atribuidas a diez funcionarios de la ONPE, como el no haber detallado bien los requerimientos para hacer llegar las actas y cédulas a cada local o, peor aún, haber calificado mal a las empresas que postularon.
Al detalle, se señala que, al requerir la contratación del transporte de material electoral no se precisó la cantidad de vehículos necesarios para dicho servicio y que los evaluadores de las compañías interesadas le asignaron un puntaje menor a uno de los postores, ya que aplicaron un criterio no establecido en los términos de referencia.
“Ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6'368,332.75 a una oferta económica que fue superior en S/168,148.19”, reveló la Contraloría. Además, la institución recomendó al titular de la ONPE el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos irregulares; y aconsejó a la Procuraduría iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados para determinar sus responsabilidades.
Con información de Andina.
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