Dentro de un año, más de 27 millones de peruanos elegirán en las urnas al nuevo presidente de la República, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes ante el Parlamento Andino. Luego de más de tres décadas, el Perú volverá a tener un Congreso bicameral que asumirá los pasivos, el descrédito y el rechazo que se ha ganado a pulso el actual Parlamento con ‘mochasueldos’, ‘niños’, procesados por corrupción, investigaciones fiscales —que van desde el tráfico de influencias hasta la violación sexual—, y sentenciados con prisión suspendida como Luis Picón o a 20 años de cárcel por violación sexual como Freddy Díaz Monago.
Los cuestionamientos a la representación parlamentaria del quinquenio 2021-26 no se circunscriben a inconductas éticas, sino que abarcan al ámbito penal por lo que sustentan con creces ese 85% de desaprobación ciudadana que registra el Poder Legislativo, según la última encuesta de Ipsos.
Cantera de impresentables
Perú21 pudo identificar que entre los 130 legisladores distribuidos en 13 bancadas y no agrupados, hay por lo menos 78 sobre los que pesan cuestionamientos de orden ético, pero, sobre todo, investigaciones y denuncias constitucionales por una variada gama de presuntos ilícitos que en no pocos casos arrastran incluso desde mucho antes de su postulación a una curul con la complacencia de las agrupaciones que los ofertaron electoralmente.
Perú Libre, la agrupación liderada por el prófugo Vladimir Cerrón, inició en julio de 2021 con 37 integrantes, hoy apenas tiene 11, pero eso no le quita haber sido una de las principales trincheras de legisladores con denuncias e investigaciones en curso —unos 20 por lo menos— que se han dispersado en nuevos bloques de izquierda o han encontrado refugio en agrupaciones como Podemos Perú, de José Luna Gálvez, que de solo cinco integrantes en 2021 ha incrementado a 14 su número de miembros, cada uno tan cuestionado como el otro.
Allí se han cobijado ‘Niños’ —que canjearon sus votos en favor del gobierno del golpista Pedro Castillo por puestos en el Estado y adjudicaciones de obras públicas para sus allegados— como Darwin Espinoza, Jorge Luis Flores Ancachi y José Arriola; ‘mochasueldos’ como Heidy Juárez y un sentenciado por corrupción como Luis Picón, etcétera.
Todos bajo el liderazgo de José Luna Gálvez, sindicado por la Fiscalía de la Nación por lavado de activos y la inscripción irregular de su partido Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). También promotor de normas populistas como el retiro de fondos de las AFP y la CTS, y de otras de abierto respaldo a las economías ilegales como la que amplía el Reinfo, o que atentan contra la reforma universitaria, sector en el que él ha demostrado tener intereses comerciales.
Congreso en picada
En opinión del presidente de la Asociación Civil Transparencia, Alvaro Henzler, “estamos en uno de los puntos históricamente más bajos de la percepción de la ciudadanía sobre el quehacer parlamentario y la clase política”.
“En este Congreso, si bien ya había una degradación de la figura del congresista como alguien que representa a la ciudadanía y los intereses públicos o de bien común, ha habido una clara aceleración en la degradación de la figura de representación. (...) Aquellas personas que en teoría nos deberían representar en realidad se representan a ellos mismos, y ese es el problema central porque buscan sus más vanos y menores intereses económicos. En los ‘mochasueldos’ hay una representación de su interés más económico, más personal y banal. Luego hay intereses más mercantiles, parlamentarios que representan a negocios, universidades, clínicas. Lo tercero es que representan sus propios intereses judiciales; ahí está la Ley Soto, por ejemplo, y finalmente, y más grave, legisladores que tienen representación o vínculos con las economías ilegales”, refirió a este diario.
"Hay parlamentarios que solo representan sus intereses personales", sostuvo Alvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia.
Pero no se trata solo de Podemos. Otra bancada que nos dio un buen número de legisladores con cuestionamientos —13 en total— es Fuerza Popular. Su excongresista María Cordero Jon Tay fue suspendida en sus funciones por el recorte de sueldos a sus trabajadores. Allí está también Raúl Huamán, quien ha podido con un perfil bajo mantener en las sombras esas 20 carpetas en el Ministerio Público.
En la larga y frondosa lista de congresistas impresentables también ocupan un lugar privilegiado los parlamentarios de discurso radical e ideologías trasnochadas. Guillermo Bermejo es investigado por presunta apología al terrorismo; la hoy suspendida Betssy Chávez es procesada por su aval al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y Edgar Tello tiene vinculaciones con el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sute (Conare), uno de los organismos generados por Sendero Luminoso.
Ese es, a grandes rasgos, el vergonzoso perfil que predomina entre los congresistas de la República, el de parlamentarios con intereses personales, comerciales, mercantilistas y hasta criminales, como sostiene Henzler.
Degradación democrática
“En la próxima elección nos jugamos un cambio de trayectoria hacia el bienestar y el desarrollo o una continuidad y aceleración de la degradación democrática en el país. Es muy importante que hagamos esfuerzos para que la ciudadanía recobre o haga conciencia de la importancia de su voto”, precisó.
¿Cuál es, entonces, el perfil del congresista que debemos elegir en 2026? Para el presidente de Transparencia “una persona con trayectoria profesional de servicio al país y que en sus actos y acciones tenga un comportamiento de integridad y de ética, que haya tenido los últimos 10 o 20 años una coherencia en su accionar profesional y ético, que lo distinga como alguien que represente a la nación y la patria. Ese es el perfil ideal”, subrayó.
Sostuvo, sin embargo, que no debería descartarse a quien tenga una carpeta fiscal considerando la complejidad de nuestro sistema judicial. “Una cosa es que tengas una denuncia o sentencia administrativas y que tengas los argumentos para rebatir, pero otra cosa es que tengas 20 carpetas fiscales, que tengas 30 denuncias, cinco sentencias. Esos son los perfiles que tenemos que evitar”, agregó. Paradójicamente, ese es el perfil que exhiben legisladores como Raúl Huamán o el acciopopulista Edwin Martínez que aspira nada menos que a la Presidencia de la República; ese es el perfil de los legisladores que el Perú no merece tener… otra vez.
TENGA EN CUENTA
A 52 parlamentarios les han abierto investigaciones penales en lo que va de este quinquenio 2021-26.
Once congresistas no registran estudios superiores concluidos. Otros 11 asistieron a universidades desacreditadas por la Sunedu.
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