El puente Chancay se derrumbó. El puente Santa Rosa no existe. El puente Armendáriz está incompleto. Y así como ellos, cientos de otros puentes inutilizables han literalmente paralizado al país, como el puente Aja y el puente Solidaridad.
¿Por qué es tan difícil hacer (y mantener) un puente en el Perú? Las razones son muchas, pero giran en torno a la incapacidad de gestión. Como una profecía autocumplida, la absurda burocracia, que alarga indefinidamente los procesos con controles para evitar la corrupción, es la que termina provocando justamente la corrupción.
Por eso, las últimas grandes obras en el Perú se han hecho bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), que es el mecanismo de contratación entre dos gobiernos para gestionar proyectos públicos. Este acuerdo se basa en estándares internacionales de eficiencia, transparencia y celeridad, criterios que al parecer el Perú no tiene. A través del G2G se hacen los hospitales Lorena y Bernales (Francia), la reconstrucción del norte (Reino Unido), el aeropuerto de Chinchero (Corea del Sur) y, recién desde 2024, el puente Santa Rosa.
Así se hicieron los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con el Reino Unido. Y, por eso, muchos se han opuesto a la disolución del Proyecto Especial Legado. Temen que, al ser absorbido por el IPD (Instituto Peruano del Deporte), los recursos y la infraestructura se pierdan como un puente en el aluvión de corrupción estatal.
Así llegamos al “Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia” dependiendo de otros países para hacer un simple puente. Y así llegaremos al 2026 con ninguno de los cuarentaitantos candidatos hablando de una reforma del Estado.
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