Mientras el mundo atraviesa un nuevo superciclo de minerales estratégicos y el precio del cobre, oro y plata se mantiene en niveles históricamente elevados, el Perú continúa desaprovechando una oportunidad extraordinaria. La inversión minera permanece estancada en alrededor de US$5,000 millones anuales durante la última década, lejos de los casi US$9,000 millones que el país llegó a registrar durante los años de mayor expansión minera. Más aún, de los más de US$64,000 millones identificados por el Minem en su cartera de proyectos 2025, cerca de dos tercios siguen sin fecha estimada de inicio.
En ese contexto, la elección del próximo gobierno podría definir no solamente el futuro de la minería, sino también el desempeño económico del Perú durante la próxima década. Y pocas comparaciones resultan hoy tan reveladoras como la que existe entre las propuestas de Juntos por el Perú (JPP) y Fuerza Popular (FP). No se trata simplemente de diferencias programáticas. Se trata de dos visiones completamente opuestas sobre cómo funciona una economía moderna, cuál debe ser el rol del Estado y cómo se genera crecimiento, inversión y empleo.
ENFOQUES OPUESTOS
Las diferencias comienzan desde el propio modelo económico. JPP plantea revisar artículos centrales de la Constitución vinculados a la economía social de mercado, los contratos-ley, la inversión extranjera y el rol empresarial subsidiario del Estado. Además, propone reservar sectores estratégicos para gestión estatal directa y ampliar significativamente la presencia empresarial del Estado en actividades productivas. FP, en contraste, reafirma explícitamente la economía social de mercado, el respeto a los contratos, la independencia del BCRP y la estabilidad macroeconómica como pilares para atraer inversión privada.
La diferencia no es menor. La literatura económica muestra consistentemente que sectores intensivos en capital, como la minería, dependen críticamente de estabilidad jurídica y previsibilidad regulatoria. Un proyecto minero puede requerir inversiones de miles de millones de dólares y horizontes de recuperación superiores a veinte años. Bajo esas condiciones, cualquier señal de posible alteración contractual o discrecionalidad estatal actúa como un fuerte desincentivo a la inversión.
Precisamente allí aparece uno de los principales riesgos del enfoque de JPP. La revisión de contratos, tratados internacionales y esquemas de estabilidad tributaria introduce incertidumbre sobre las reglas de juego futuras. La experiencia latinoamericana demuestra que, cuando los países comienzan a cuestionar garantías contractuales o amplían agresivamente la intervención estatal en sectores estratégicos, las inversiones se ralentizan, el riesgo país aumenta y los proyectos se paralizan. El Perú ya vivió parte de ese proceso durante los años ochenta, cuando el debilitamiento del mercado, el avance del estatismo y la desconfianza hacia el sector privado terminaron erosionando inversión, productividad y crecimiento.
FP, por el contrario, plantea una estrategia orientada a reducir incertidumbre. Propone simplificación administrativa, digitalización de permisos, ventanilla única minera y procedimientos acelerados para proyectos estratégicos. La lógica económica detrás de este enfoque es clara: reducir costos regulatorios y tiempos muertos para acelerar inversiones sin alterar las reglas fundamentales de mercado.
La distancia entre ambos planes también se observa en materia tributaria. JPP propone incrementar regalías mineras, aplicar impuestos a las sobreganancias y revisar contratos de estabilidad tributaria con el objetivo de elevar sustancialmente la participación estatal en la renta minera. FP, en cambio, no plantea nuevas cargas tributarias y sostiene que la presión tributaria efectiva sobre la minería peruana ya es elevada respecto de otros países competidores, hecho que está sustentado en varios informes de organismos internacionales.
Nuevamente, la diferencia conceptual es profunda. Para JPP, el problema central parece ser cómo redistribuir una mayor proporción de la renta minera desde el Estado. Para FP, el desafío principal es cómo generar más inversión y expandir el tamaño total de la actividad minera. La evidencia internacional suele favorecer este segundo enfoque. En industrias globalmente competitivas, aumentos abruptos o impredecibles de carga tributaria suelen terminar reduciendo inversiones futuras, afectando precisamente la capacidad de generar mayores ingresos fiscales sostenibles en el largo plazo.
ESTATISMO VS. INVERSIÓN PRIVADA
La comparación se vuelve aún más clara respecto al rol empresarial del Estado. JPP plantea fortalecer empresas públicas y avanzar hacia mayor control estatal en sectores estratégicos. FP propone más APP, Obras por Impuestos y mayor articulación con inversión privada para infraestructura minera y logística.
La experiencia regional vuelve a ser ilustrativa. América Latina ya atravesó durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 amplios experimentos de expansión empresarial estatal bajo discursos de soberanía económica. El resultado, en numerosos casos, fue una combinación de baja productividad, captura política, corrupción, déficits fiscales y empresas públicas financieramente inviables. Petroperú representa hoy un ejemplo cercano de esos riesgos. En contraste, los modelos más exitosos de desarrollo minero contemporáneo —Australia, Canadá, Chile en buena parte de su historia reciente— se han apoyado en inversión privada, estabilidad regulatoria y fuerte institucionalidad técnica.
MINERÍA ILEGAL
En minería ilegal también existen diferencias importantes. JPP apuesta principalmente por cooperativas, parques mineros y participación estatal en la comercialización del oro. FP plantea una estrategia basada en control territorial, trazabilidad digital, interoperabilidad institucional y fortalecimiento operativo de Policía, Fuerzas Armadas, Sunat y Fiscalía.
El problema del enfoque de JPP es que parece subestimar que la minería ilegal ya opera como una economía criminal compleja vinculada al lavado de activos, corrupción y control territorial. Pensar que el problema puede resolverse principalmente mediante reorganización cooperativa o comercialización estatal resulta insuficiente frente a estructuras criminales altamente sofisticadas; y, lo que es más, puede terminar generándose otro espacio para la corrupción y el crimen desde el Estado. FP, en cambio, pone mayor énfasis en control, fiscalización y trazabilidad, aunque el éxito de esa estrategia dependerá también de fortalecer capacidades institucionales reales.
Incluso en materia ambiental aparecen diferencias relevantes. FP prioriza remediación de pasivos ambientales y busca compatibilizar desarrollo minero con continuidad de inversiones. JPP incorpora mayores restricciones territoriales y una visión más intervencionista sobre la gestión de recursos naturales. Nuevamente, el contraste refleja dos aproximaciones distintas: una orientada a corregir fallas regulatorias preservando inversión privada; otra más cercana a modelos donde el Estado amplía progresivamente su capacidad de control directo sobre la actividad económica.
En el fondo, la verdadera diferencia entre ambos planes no es únicamente minera. Es una diferencia sobre el modelo de desarrollo. Mientras FP apuesta por estabilidad macroeconómica, inversión privada y competitividad, JPP revive muchas de las ideas que América Latina ya experimentó décadas atrás: expansión estatal, cuestionamiento de contratos, mayor discrecionalidad política sobre sectores productivos y creciente desconfianza hacia el mercado.
El Perú ya conoce cómo termina esa historia.