Ante versiones difundidas en redes sociales sobre un presunto uso personal de tarjetas electrónicas por parte de la presidenta Dina Boluarte, el Despacho Presidencial emitió un comunicado oficial hoy martes.
Según el documento, desde 2016 se realiza un proceso de selección simplificado para contratar vales de consumo a través de tarjetas electrónicas, destinados exclusivamente a la compra de insumos alimenticios para la Residencia. Estas tarjetas están bajo control del personal administrativo.
"No es cierto que esta tarjeta esté a disposición para el uso personal de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, o su familia", puntualiza el comunicado.
Han pasado 34 días y la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no designa al delegado que se hará cargo de investigarlo por el golpe de Estado. Hermana del dueño de APP tampoco ha convocado a sesión alguna.
LO QUE DICE EL COMUNICADO
1. Para atender la compra de insumos alimenticios de la Residencia, la Dirección General de Administración del Despacho Presidencial realizó en el año 2024, como se ha hecho desde el 2016, un proceso de selección simplificado para la contratación de “Vales de consumo a través de tarjetas electrónicas”, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de Contrataciones vigente a la fecha.
2. Como se establece en las características técnicas del proceso de selección, esta tarjeta es utilizada para la compra de insumos alimenticios. La tarjeta es de uso exclusivo del personal administrativo asignado para este fin y es el que ejecuta las mencionadas adquisiciones.
3. No es cierto que esta tarjeta esté a disposición para el uso personal de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, o su familia.
4. Todos los procesos de selección, así como la documentación que sustentan los gastos realizados por el Despacho Presidencial, se ejecutan con la mayor diligencia en su uso y están sujetos a ser revisados por la Contraloría General de la República.
5. Es preciso señalar que el Despacho Presidencial es auditado anualmente por una sociedad de auditoría contratada por la Contraloría General de la República, no habiendo recibido observación en los años 2023 y 2024, sobre el uso de los recursos asignados en el presupuesto institucional de dichos años.