La Comisión Permanente del Congreso volvió a suspender el debate del proyecto de ley de crédito suplementario, una iniciativa que contempla recursos para financiar el pago de gratificaciones a los trabajadores bajo el régimen CAS, así como becas, proyectos de inversión pública, acciones frente al fenómeno de El Niño y otros compromisos del Estado.
La sesión fue interrumpida tras una serie de observaciones y pedidos de modificación al dictamen y se postergó hasta el mediodía del martes 14 de julio.
Defensa legal del expresidente solicita se conceda este beneficio por razones humanitarias, alegando la avanzada edad y el delicado estado de salud de su patrocinado.
Durante la discusión, diversos congresistas solicitaron incorporar nuevas partidas presupuestales para obras y proyectos en sus regiones, lo que obligó a elaborar una nueva versión del dictamen en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Como consecuencia, la votación fue aplazada hasta una nueva sesión de la Comisión Permanente.
Uno de los principales temas pendientes es el financiamiento de las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS. El Ejecutivo mantiene su propuesta de implementar estos beneficios de manera gradual para garantizar la sostenibilidad fiscal, mientras que varios legisladores exigen el cumplimiento íntegro de la ley aprobada por el Congreso.
El crédito suplementario también busca asegurar recursos para la continuidad de servicios públicos esenciales, la ejecución de obras de infraestructura, el otorgamiento de becas, la atención de emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño y el financiamiento de las próximas elecciones regionales y municipales.
La falta de consenso mantiene en incertidumbre a miles de trabajadores CAS, quienes esperan una definición sobre el pago de sus gratificaciones de julio.
El Ministerio de Economía ha advertido que cualquier esquema de implementación debe contar con respaldo presupuestal para evitar comprometer las finanzas públicas, mientras que organizaciones de trabajadores continúan exigiendo el cumplimiento de los beneficios establecidos por ley.
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