El congresista Raúl Doroteo se encuentra en el centro de una nueva polémica tras ser captado utilizando recursos públicos para el beneficio de una persona particular.
Un reportaje periodístico evidenció que un agente de Seguridad del Estado, cuya labor constitucional es proteger al parlamentario, cumple funciones de chofer y custodio para Grecia Dávila, una excolaboradora de su despacho.
Usuarios denunciaron falta de respuesta inmediata del personal tras el accidente. El afectado se desplomó dentro de un vagón poco después de partir de la estación María Auxiliadora.
Las imágenes de seguimiento muestran al efectivo policial de apellido Calampa utilizando el automóvil asignado al Congreso y combustible pagado por el Estado para movilizar a Dávila a distintos puntos de Lima.
Lo más grave es que, en varios de estos traslados, el parlamentario ni siquiera se encontraba presente en la unidad. El agente fue registrado esperando y transportando a la mujer de 35 años, quien incluso fue grabada realizando actividades cotidianas, como maquillarse, dentro del vehículo oficial.
Al ser abordado por la prensa para explicar por qué su seguridad oficial está al servicio de una civil sin cargo público, el legislador optó por el silencio y abandonó rápidamente el lugar en su vehículo, evitando responder por el presunto peculado de uso.
Grecia Dávila laboró anteriormente bajo las órdenes de Doroteo en su oficina parlamentaria y en una comisión. Sin embargo, los beneficios del legislador parecen haberse extendido a todo el entorno familiar de la joven.
Según Cuarto Poder, la hermana de Grecia, Claudia Selene Dávila Albitres, fue contratada como auxiliar de informática en el Parlamento con una remuneración de 5,000 soles, pese a no registrar grados académicos en la Sunedu.
Asimismo, los padres de Dávila, Silvia Albitres y Víctor Dávila, figuran con ingresos frecuentes al Congreso como invitados especiales del congresista para eventos protocolares.
Este caso contraviene directamente el reglamento de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Código de Ética Parlamentaria, que prohíbe el empleo de activos del Estado para provecho de terceros.
De formalizarse una denuncia, el caso podría escalar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El delito de peculado de uso conlleva sanciones severas que podrían derivar en la suspensión del cargo o incluso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por varios años.
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